El Laboratorio Electoral, en colaboración con las organizaciones Práctica: Laboratorio para la Democracia, Defensores y Politiklab, han presentado una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de once candidatos que aspiran a ocupar cargos como jueces, ministros y magistrados.
A través de un comunicado oficial, las organizaciones denunciantes enfatizaron la urgencia de una investigación exhaustiva y ética de estos casos, advirtiendo que la presencia de estos candidatos en el sistema judicial representa un grave riesgo para la impartición de justicia en el país. La preocupación principal radica en los posibles vínculos de los aspirantes con organizaciones criminales o en denuncias previas por conductas delictivas.
En declaraciones a los medios, el director del Laboratorio Electoral señaló una «gran omisión» durante el proceso de evaluación de los perfiles por parte de los comités designados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, criticó la falta de profundidad en el análisis de la integridad, probidad y principios éticos de los candidatos por parte de estos comités.
Arturo Espinosa, representante del Laboratorio Electoral, hizo un llamado directo a las autoridades electorales y al Senado de la República para que tomen medidas inmediatas ante esta situación. Subrayó la necesidad de impedir que individuos que representan una amenaza para el país accedan a puestos clave dentro del Poder Judicial.
La denuncia busca que el INE investigue a fondo los señalamientos y determine si existen elementos suficientes para tomar acciones que garanticen la idoneidad ética y legal de quienes aspiran a impartir justicia en México. Este hecho pone de manifiesto la creciente vigilancia de la sociedad civil sobre los procesos de selección de funcionarios judiciales y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Con información de Milenio
