En un giro de eventos, la Secretaría de Gobernación de México anunció el domingo que había llegado a un acuerdo con los líderes de varias organizaciones de transportistas, evitando así un paro nacional que estaba programado para el 5 de febrero.
El acuerdo se logró después de una serie de mesas de diálogo en las que participaron representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte.
La coalición, compuesta por la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac) y la Unión de Transportistas de Carga (Utracasin), había convocado a un paro nacional el 24 de enero en respuesta a la creciente inseguridad en las carreteras y autopistas de México.
David Muñoz, presidente nacional de la Asociación Conductores Federales Unidos, había detallado que el plan era realizar el paro en varios estados, incluyendo Sinaloa, Chihuahua, Quéretaro, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Jalisco, entre otros. Se esperaba la participación de más de 50,000 camiones particulares o pequeños transportistas y camiones de empresas grandes.
El punto principal de la protesta era la autopista Arco Norte, que conecta desde Puebla; pasa por Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México y donde este jueves se registraron al menos cinco asaltos a transportistas en un solo día.
Además de la inseguridad, los transportistas exigen al gobierno acciones en contra de los abusos como el exceso de cobro de grúas, atención del mal estado de las carreteras y la falta de lugares seguros para descansos.
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A pesar de la cancelación del paro, la coalición ofreció una disculpa a la ciudadanía que se vería afectada por la movilización de transporte de carga en diferentes carreteras federales.
Este acuerdo representa un importante paso hacia la resolución de las problemáticas que afectan a los transportistas del país. Sin embargo, queda por ver cómo se implementarán las medidas acordadas y si serán suficientes para abordar las preocupaciones de los transportistas.
