El Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, iniciativa presentada por la gobernadora Layda Sansores y respaldada por Morena. La nueva norma permite al Estado expropiar terrenos e inmuebles bajo el concepto de utilidad pública para proyectos como infraestructura, vivienda social y centros turísticos.
La ley ha generado controversia porque las personas afectadas tendrán solo cinco días para defenderse, y la indemnización se calculará con base en la última transacción ajustada por inflación, sin considerar plusvalía ni mejoras, lo que podría derivar en pagos por debajo del valor de mercado.
El PRI criticó la medida, acusando que puede ser usada con fines políticos. De hecho, el diputado Carlos Ucán la apodó “Ley Alito”, en referencia al líder priista Alejandro Moreno, quien habría adquirido terrenos a precios muy bajos durante su gestión como gobernador.
Según Ucán, con esta reforma esos terrenos podrían ser expropiados y pagados al mismo precio de compra, como una forma de devolverlos para beneficio público.
Morena defendió la iniciativa, asegurando que busca beneficiar a la colectividad y modernizar una ley que no se actualizaba desde 1981.
La aprobación ha intensificado la disputa política en el estado, donde el PRI acusa una persecución, mientras Morena sostiene que la reforma busca combatir abusos históricos de la propiedad privada.
