El pugilista Julio César Chávez Jr. fue puesto en libertad condicional después de que un juez de Sonora le otorgara la posibilidad de continuar su proceso legal fuera de prisión. Esta decisión se tomó a solo unos días de su deportación desde Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades de inmigración y aduanas (ICE) el 18 de agosto.
La medida cautelar se dictaminó a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo vinculó a proceso por delitos graves como delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Según el texto original, la salida del boxeador ha sido cuestionada, ya que estos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa bajo la nueva reforma penal. Sin embargo, su defensa logró un amparo.
Como parte de su libertad condicional, Chávez Jr. tiene prohibido salir de México y debe someterse a una investigación complementaria de al menos tres meses. En la audiencia, a la que asistió virtualmente desde el penal de Hermosillo, su abogado, Rubén Benítez Álvarez, aseguró que el deportista busca demostrar su inocencia y “limpiar su nombre”.
El arresto de Chávez Jr. se originó en Los Ángeles, California, el 2 de julio, donde fue interceptado por agentes federales. Inicialmente, se le acusó de exceder la duración de su visa y de mentir para obtener su tarjeta de residencia. Posteriormente, las autoridades estadounidenses señalaron que el arresto se debía a sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, al que consideran un grupo terrorista. Si es declarado culpable en México, Chávez Jr. podría enfrentar una condena de entre cuatro y ocho años de prisión.
La liberación de Julio César Chávez Jr., un destacado caso que ha captado la atención mediática, ha generado debate en el sistema judicial. El pugilista, hijo del legendario boxeador Julio César Chávez, abandonó la prisión de máxima seguridad en Sonora, en la que apenas había ingresado, para enfrentar su proceso legal en libertad. Esta resolución judicial es notable, especialmente considerando las graves acusaciones de delincuencia organizada y posesión de armas de fuego que enfrenta.
El proceso contra el boxeador se activó tras su deportación de Estados Unidos el pasado 18 de agosto. Aunque la FGR solicitó su vinculación a proceso por delitos que, en teoría, conllevan prisión preventiva oficiosa, un juez de Sonora determinó que el pugilista puede continuar su defensa fuera del penal.
Como parte de las medidas impuestas, Chávez Jr. no puede salir del país. Se le ha otorgado un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la fiscalía deberá presentar pruebas sólidas para sostener sus acusaciones de nexos con líderes del Cártel de Sinaloa.
Su abogado, Rubén Benítez Álvarez, ha mantenido una postura firme, declarando que su cliente busca demostrar su inocencia y está decidido a «limpiar su nombre». La defensa asegura que, de ser hallado culpable, la posible condena para el boxeador oscilaría entre cuatro y ocho años de prisión.
La detención de Chávez Jr. se remonta al 2 de julio en Los Ángeles, donde agentes federales lo interceptaron. Las autoridades de inmigración y aduanas inicialmente argumentaron que su arresto se debía a una violación de su estatus migratorio. Sin embargo, su caso tomó un giro más grave cuando fue ligado a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos lo identifica como un grupo terrorista, un hecho que subraya la seriedad de los cargos.
Con información de Milenio
