En un paso crucial hacia la protección de los derechos de las víctimas de desaparición, la diputada María José Osorio del Partido Verde, y los diputados Hugo Alday del Partido del Trabajo, y Ricardo Velazco de Morena, presentaron ante la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo la Iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.
Esta propuesta legislativa, impulsada también por colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, fue desarrollada durante varios meses en mesas de trabajo integradas por los diputados, la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia y los colectivos, buscando la creación de un procedimiento especial de declaración de ausencia para quienes han sido víctimas de desaparición, garantizando seguridad jurídica y protección a sus familiares.
La propuesta, que se suma a los esfuerzos previos en materia de desaparición forzada, establece un procedimiento legal para declarar la ausencia de una persona desaparecida, permitiendo a sus familiares acceder a derechos patrimoniales, seguridad social y representación legal, sin necesidad de esperar largos procesos judiciales o pruebas de defunción.
Colectivos como Verdad, Memoria y Justicia, que agrupan a familiares de personas desaparecidas, han sido pieza clave en la construcción de esta iniciativa, exigiendo al Estado el reconocimiento de la crisis de desapariciones y promoviendo marcos jurídicos que prioricen la búsqueda y protección de los afectados. A través de protestas, foros ciudadanos y reuniones con legisladores, han logrado visibilizar el calvario que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.
Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Quintana Roo se han reportado 1,781 desapariciones entre 2022 y 2024, una crisis que ha dejado en incertidumbre a cientos de familias.
La nueva ley toma como referencia modelos similares en países como Argentina y Colombia, además de estados como Coahuila y Nuevo León, donde estas legislaciones han resultado fundamentales para garantizar la dignidad de las víctimas.
Desde los colectivos se ha subrayado que esta ley es solo un primer paso y que la lucha por la verdad y la justicia continúa. “Necesitamos no solo el reconocimiento legal de nuestros desaparecidos, sino una acción real y efectiva del gobierno en su búsqueda,” expresaron integrantes de Verdad, Memoria y Justicia.
De aprobarse, la Ley representará un avance significativo en la defensa de los derechos humanos en Quintana Roo, alineándose con los estándares internacionales en la materia. Además, servirá como un alivio para las familias, que hasta ahora han enfrentado trabas burocráticas y vacíos legales al intentar administrar los bienes y derechos de sus seres queridos desaparecidos.
La propuesta será discutida en las próximas sesiones del Congreso local, y se espera que sume el respaldo de distintas fuerzas políticas y organizaciones civiles que han luchado por este reconocimiento.
