Mariana, de 37 años, enfrenta una batalla legal y personal tras someterse a una cirugía de vesícula en un hospital privado de Tijuana que, según su denuncia, derivó en la extirpación de uno de sus ovarios sin su consentimiento. El caso, que tuvo lugar en diciembre de 2024, ha puesto de manifiesto graves acusaciones de mala praxis y falta de ética médica en el Centro Médico Privado Grand Medical.
La odisea de Mariana comenzó cuando acudió al mencionado hospital, ubicado en la colonia Sánchez Taboada, debido a un intenso dolor abdominal. Tras una serie de exámenes, el médico César Ayala, quien además funge como director del nosocomio, le informó que padecía de una piedra en la vesícula y requería una cirugía inmediata. Para ser atendida, Mariana se vio obligada a desembolsar cerca de 24 mil pesos, lo que representaba la mitad del costo total de la intervención.
«Al siguiente día me intervienen a la una de la tarde. Para esto, me intervinieron tarde porque el doctor me pidió pagar el 50 por ciento, por lo menos de la cirugía», relató Mariana en entrevista con MILENIO. La paciente, confiada en la profesionalidad del personal médico debido a los diplomas y reconocimientos exhibidos en el consultorio, nunca sospechó que su vida tomaría un giro inesperado.
Durante la cirugía, el cirujano bariatra Jesús López, bajo la supuesta orden del ginecólogo y director de la clínica, César Ayala, procedió a extirparle un ovario a Mariana. El argumento esgrimido fue la presencia de quistes en el órgano, una decisión que, según la afectada y su familia, nunca fue notificada ni consensuada previamente con ellos.
Días después de la intervención, Mariana comenzó a experimentar complicaciones, incluyendo una severa infección. Al buscar atención en otro centro médico, se le drenó una cantidad considerable de pus y se le informó que la infección era producto del uso de material contaminado durante la cirugía original.
Ahora, Mariana no solo lidia con la reducción de su fertilidad a raíz de la extirpación de su ovario, sino que también emprende una ardua lucha por conseguir justicia y que se sancione a los responsables de lo que considera una clara violación a sus derechos como paciente. El caso ha generado indignación y ha puesto el foco en la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector de la salud privada.
Con información de Milenio
