De acuerdo a Novedades de Quintana Roo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito determinó dar por concluido el caso y archivar el asunto. Redesol en 2012 obtuvo una concesión para la recolección de basura, aunque al año siguiente le fue retirado el contrato, origen de este pleito que cumple más de una década.
Redesol reclamaba un monto millonario por supuestos daños y lucro cesante relacionados con la recolección de basura que nunca ejerció. La empresa solicitó 150 millones 948 mil 757.12 pesos en concepto de pagos pendientes desde enero de 2019, además de penalizaciones acumuladas por no cumplir con el servicio en Playa del Carmen y Puerto Aventuras
Origen del conflicto (2012–2019)
Redesol obtuvo en 2012 una concesión de 20 años para recolectar basura en la zona turística de Solidaridad (Playacar y Puerto Aventuras).
La concesión fue revocada en 2013 por un ayuntamiento posterior, provocando un largo litigio
Fallos judiciales
Enero 2019 – La Sala Constitucional de Quintana Roo ordena reinstalar a Redesol.
2020- El Ayuntamiento defiende en tribunales la falta de prestación de servicio
2022- El Ayuntamiento ingresa camiones de una tercera empresa porque #Redesol no se presentó a dar el servicio. Este hecho fue crucial porque la ausencia de la empresa fue catalogada por el Poder Judicial como un riesgo ambiental y para la salud, y concedió la razón la intervención de un tercero para evitar el colapso en el servicio.
Diciembre 2023 – El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito (Cancún) confirma amparo federal a favor de Redesol.
Noviembre 2024 – El Juzgado de Distrito otorga 10 días para cumplir con la orden y presentar propuesta técnica.
Ayuntamiento de Playa del Carmen
El Oficial Mayor Guillermo Brahms declaró que Redesol no prestó el servicio inicialmente, por lo que el municipio defiende que no se le debe pagar lo no realizado.
Aun así, admiten que el litigio sigue abierto (“sub iudice”), y se mantiene un servicio alternativo para evitar interrupciones.
Hoy los magistrados del colegiado ratificaron la negativa de amparo y dieron por concluido el proceso legal promovido por la concesionaria, que con esto buscaba ser indemnizada por la intervención de su concesión, acto que declaró ilegal.
