El juicio de garantías que la empresa Tucsa interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le reconozca su concesión, impidió que en la administración municipal de Solidaridad que está por concluir se abriera la competencia del transporte público, reconoció Guillermo Galland, director de Transporte.
El conflicto con Tucsa tiene su base en el nacimiento de la empresa, pues cuando comenzó a operar Solidaridad formaba parte del municipio de Cozumel, y al independizarse no se adecuó el marco normativo para formalizar la concesión de la empresa.
Ese juicio, dijo Galland, ha impedido que se convoque a la participación por una nueva concesión que permita una mejor calidad en el transporte provocada por la competencia.
Actualmente, la administración municipal que concluye en septiembre próximo, ha detectado que al menos hace falta cubrir 13 rutas nuevas de transporte que ni Tucsa ni las combis colectivas del sindicato Lázaro Cárdenas del Río (que operan con concesión estatal) se han dispuesto a cubrir.
