El amparo que Uber consiguió para poder operar sin concesión en Quintana Roo como lo establece la Ley de Movilidad, congeló el establecimiento de medidas de seguridad para los pasajeros en las que sí estaban de acuerdo los sindicatos taxistas.
Así lo dijo la diputada local Majo Osorio, quien explicó que esas medidas de seguridad consistían en instalar equipos de geolocalización en taxis y transportes privado que se ligarían al C5 y poder establecer un protocolo de salvamento en caso de algún hecho que pusiera en riesgo la integridad de los usuarios.
“Consistía en conectar a Uber con el C5 para que en caso de que un turista fuera extraído, se pudiera ubicar los vehículos, pero Uber dijo que no era posible brindar la información privada del pasajero”, describió la diputada.
Representes de Uber y líderes del gremio taxista acordaron en las mesas de trabajo establecer ese tipo de medidas, que se incorporarían a la Ley de Movilidad, misma que además estableció que todos los transportes de pasajeros deben contar con una concesión del Estado.
Sin embargo, Uber se amparó. La causa principal fue para que las unidades y choferes de esa aplicación pudieran dar el servicio sin hacer ese trámite, y el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, les concedió el amparo, pero con ello se congelaron todas las demás medidas aplicables al transporte de privado de pasajeros.
