Medio siglo después de que el gobierno federal expropió tierras ejidales en el corazón de la selva maya para construir una vía estratégica de conexión entre Quintana Roo y Yucatán, la deuda con los campesinos de la comunidad Nuevo Israel sigue sin saldarse, por lo que aumentaron las presiones para que el gobierno les cumpla con el pago de sus terrenos.
El conflicto gira en torno a 47.8 hectáreas que fueron tomadas por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 1970 para trazar la carretera federal 293, mejor conocida como la “Vía Corta a Mérida”. Sin embargo, cinco décadas después, los ejidatarios nunca recibieron la indemnización que ahora exigen.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum —que ha prometió cerrar ciclos de injusticia social heredados del pasado priista y panista— enfrenta ahora la presión directa de los descendientes de quienes fueron expropiados, y que han encontrado en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) un nuevo cauce para exigir lo que consideran un derecho pendiente: la compensación económica por sus tierras, que fue prometida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023.
Pascual May, presidente del comisariado ejidal de Nuevo Israel, es quien lidera actualmente la demanda colectiva, expresó que no quieren enfrentamientos, ni perjudicar a nadie, pero si el gobierno federal no los indemniza, habrá bloqueos carreteros para presionar.
El viernes pasado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) —sucesora de la extinta SCT— no acudió a una audiencia clave convocada por el TUA en Chetumal, en la que debía presentar una propuesta formal de indemnización. La ausencia provocó tensión inmediata entre los ejidatarios, que consideraron reactivar el bloqueo carretero como medida de presión este lunes, pero luego lo pospusieron y han dado un plazo de 10 más, para que la SICT acuda a presentar su propuesta.
No sería la primera vez. Apenas en junio pasado, los comuneros cerraron la vía federal durante 24 horas, obligando a las autoridades federales a sentarse a negociar. La protesta cesó luego de que se pactara continuar el litigio por la vía judicial. Sin embargo, el incumplimiento de la SICT en la audiencia del 11 de julio puso nuevamente en entredicho la voluntad del Estado.
El Tribunal otorgó un plazo final de 10 días hábiles para que la SICT justifique su inasistencia y formalice una propuesta económica. Mientras tanto, los ejidatarios han decidido mantenerse a la expectativa, aunque con un mensaje claro: si no hay avances reales, se reactivarán las movilizaciones, incluido un posible cierre total de la carretera 293.
La lucha del ejido Nuevo Israel no es un caso aislado, sino parte de una larga lista de conflictos agrarios no resueltos en México, muchos de ellos arrastrados desde los gobiernos del PRI, que promovieron grandes obras de infraestructura sin garantizar siempre el cumplimiento legal en materia de tierras.
El próximo año se cumplirán 55 años desde la expropiación. La llamada Cuarta Transformación, que ha hecho de la reparación histórica una de sus banderas, enfrenta en este caso una oportunidad concreta para demostrar que su narrativa no es solo retórica.
