Una ola de indignación ha sacudido las redes sociales y reavivado el debate sobre el trato a la economía informal migrante en Estados Unidos, luego de la difusión de un video que muestra a funcionarios locales destruyendo alimentos preparados de comerciantes ambulantes latinos en Denver, Colorado.
La grabación, que rápidamente se volvió viral bajo etiquetas como #AbusoDeAutoridad y #LatinosEnUSA, exhibe el momento en que una inspectora de sanidad y un grupo de oficiales rocían directamente cloro sobre bandejas de comida (incluyendo carnes, salsas y guarniciones), dejándolos totalmente inutilizables.
Según las autoridades, la acción se ejecutó debido a que los vendedores ambulantes carecían de los permisos sanitarios y comerciales establecidos por las leyes municipales. Sin embargo, la crudeza de la medida desató una avalancha de críticas en plataformas como TikTok y Facebook.
Miles de usuarios condenaron el procedimiento, calificándolo de «exagerado», «inhumano» y «punitivo». La indignación se centró en que la destrucción de alimentos con sustancias químicas no era una acción necesaria ni proporcional para hacer cumplir la normativa.
«Abuso de autoridad contra migrantes,» fue uno de los comentarios más repetidos por los internautas, quienes señalaron que esta práctica humilla y afecta directamente el sustento diario de familias trabajadoras que dependen del comercio informal para sobrevivir.
La familia migrante que operaba el puesto quedó visiblemente afectada, pues la mercancía destruida representaba la totalidad de su ingreso del día.
El incidente de Denver se suma a una creciente tensión en varias ciudades de Estados Unidos—incluyendo Los Ángeles, Houston y Nueva York— en torno a la regulación de los vendedores ambulantes, muchos de ellos de origen latinoamericano.
Expertos en políticas públicas señalan que prácticas como la destrucción de alimentos no solo afectan a familias vulnerables que contribuyen al tejido económico local, sino que también deterioran la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades.
Este caso ha reavivado la conversación sobre la urgencia de establecer protocolos más humanos, de crear procesos accesibles para que los emprendedores migrantes puedan obtener los permisos necesarios, y de reforzar los programas de apoyo en el sector de la economía informal. Hasta el momento, las autoridades de Denver no han emitido una declaración oficial sobre la controversia generada por el método empleado.
Con información de Excélsior
