La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura del proyecto inmobiliario que se construía sobre el sistema de dunas costeras de Chuburná Puerto, Yucatán, luego de la creciente presión social y de las denuncias por presuntas afectaciones a uno de los ecosistemas más frágiles del litoral yucateco.
La medida llega después de días en los que habitantes, científicos y colectivos ambientales documentaron con fotografías y videos el ingreso de maquinaria pesada y la remoción de arena y vegetación en la zona, lo que desató una fuerte polémica por el posible impacto ambiental.
Aunque ahora las autoridades federales presumen la clausura como una acción para proteger el ecosistema, el caso vuelve a exhibir las deficiencias de la supervisión ambiental, pues la obra avanzó hasta generar una amplia indignación pública antes de que se actuara.
También queda bajo cuestionamiento la actuación del Gobierno de Yucatán, que previamente emitió dictámenes de competencia estatal para el proyecto y, una vez desatada la controversia, solicitó a Semarnat y Profepa revisar el cumplimiento de las autorizaciones federales. Esa postura ha sido interpretada por ambientalistas como una reacción tardía frente a un conflicto que pudo prevenirse con una vigilancia más estricta desde el inicio.
El caso de Chuburná reabre el debate sobre la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para autorizar, supervisar y frenar desarrollos en zonas ambientalmente sensibles, así como sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia para evitar que el daño ocurra antes de que lleguen las clausuras.
