La Fiscalía General de la República (FGR) dio por cerrada la investigación relacionada con el ciberataque que afectó los sistemas informáticos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre de 2019, determinando el No Ejercicio de la Acción Penal y manteniendo en secreto los pormenores del caso.
La resolución ministerial se dio a conocer a través de una respuesta de la petrolera estatal a una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia realizada por El Universal. En dicha respuesta, el Comité de Transparencia de Pemex confirmó que la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIA-ARV-CDMX/000001338/2019 quedó formalmente concluida el 4 de abril de 2024 y notificada el 9 de abril del mismo año.
A pesar de que las indagatorias llegaron a su fin, la empresa pública rechazó transparentar la identidad de los autores del ataque, el país de origen de la agresión digital o el tipo de datos y funciones que se vieron comprometidos durante el incidente de ciberseguridad.
Para justificar la negativa, la petrolera argumentó restricciones normativas del marco legal:
“Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aún no han transcurrido tres años contados a partir de que la determinación quedó firme, motivo por el cual dicha carpeta de investigación continúa reservada. Proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público”, señaló el órgano de transparencia de la empresa estatal.
De acuerdo con las disposiciones contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el periodo de reserva obligatorio para expedientes con resolución de no ejercicio penal se extiende por un lapso de tres años tras quedar firme la determinación.
Bajo este esquema normativo, los detalles técnicos y los hallazgos de la FGR sobre el hackeo masivo a las plataformas digitales de Pemex no podrán hacerse públicos antes de abril de 2027, manteniendo en la opacidad las causas y responsables de uno de los incidentes de ciberseguridad más severos registrados en el sector público mexicano.
Con información de Heraldo
