Una coalición integrada por 29 estados de Estados Unidos llevó a los tribunales federales a la gigante tecnológica Meta, acusando a la corporación de haber diseñado deliberadamente sus plataformas digitales para fomentar la adicción en adolescentes y engañar a los padres de familia sobre los riesgos para la salud mental de los menores.
El proceso judicial, que se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, California, es liderado por las fiscalías generales de estados como California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, reportaron las agencias de noticias AFP y Reuters. La demanda exige sanciones económicas que ascienden a los 200,000 millones de dólares, además de reformas estructurales en la arquitectura operativa de redes sociales como Facebook e Instagram.
Los argumentos presentados por la parte demandante se articulan en tres ejes centrales: el desarrollo de funciones adictivas, la explotación psicológica de los usuarios jóvenes mediante la vulnerabilidad biológica de su desarrollo cerebral y la recolección no autorizada de datos de menores.
Durante la exposición de apertura, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, sostuvo que Meta implementó mecanismos como filtros de alteración física y sistemas de control de tiempo superficiales y de fácil evasión para maximizar la permanencia de los jóvenes en las aplicaciones:
- Estrategia corporativa: Las fiscalías resumieron la conducta de la empresa en un patrón sistemático enfocado en captar la atención de los menores, extraer su información personal y ocultar los efectos adversos a la opinión pública.
- Violación a leyes federales: Las autoridades sostienen que la compañía recolectó información personal de niños menores de 13 años sin la autorización expresa de sus tutores legales, contraviniendo las normas federales de privacidad infantil en EE. UU.
El juicio ha contado con la presencia de familiares de jóvenes afectados por el uso desmedido de las redes sociales, quienes han urgido a las autoridades judiciales a sentar un precedente firme contra la industria tecnológica.
«El poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas… ninguna empresa debería estar por encima de la verdad, la ley y nuestros hijos», declaró ante el tribunal Lori Schott, madre de uno de los adolescentes afectados presentados por la parte querellante.
De prosperar el reclamo de los estados, el caso podría sentar un precedente histórico que obligaría a redefinir los estándares de diseño, algoritmos de recomendación y políticas de protección de datos para menores en toda la industria de las plataformas digitales.
Con información de Heraldo
