El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó declaró culpable a Ketty de las Mercedes Castro Cáceres tras acreditarse que ocultó durante diez años el cadáver momificado de su madre en el interior de su vivienda para continuar cobrando fraudulentamente la pensión de vejez y diversos subsidios estatales.
El hallazgo de los restos de la adulta mayor, quien falleció por causas naturales asociadas al cáncer cerca de 2011 a los 91 años, se concretó en 2021 en el sector de Aguas Negras, luego de una denuncia interpuesta por el propio hijo de la imputada.
Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que Castro mantuvo el cuerpo oculto mientras tramitaba documentación apócrifa ante organismos públicos para percibir los fondos correspondientes a la difunta:
Para concretar el cobro ilícito de las prestaciones ante la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), la condenada utilizó cartas poder falsificadas que simulaban la autorización explícita de su progenitora.
- Monto defraudado: Entre los años 2013 y 2017, la imputada percibió cerca de 26 millones de pesos chilenos (aproximadamente 27 mil dólares).
- Beneficios de emergencia: Se constató que durante la pandemia de COVID-19 obtuvo aportes estatales irregulares a través de la red ChileAtiende mediante la inclusión de cargas familiares ficticias.
- Prescripción de delitos: Aunque varios cobros anteriores no pudieron ser sancionados debido al vencimiento de los plazos legales, el tribunal dio por acreditada la falsificación de instrumentos públicos y la obtención fraudulenta de prestaciones.
Las averiguaciones policiales iniciaron en 2021 cuando el nieto de la víctima denunció ante las autoridades que no tenía noticias de su abuela desde 2010. Tras una discusión familiar entre el denunciante y Castro, los efectivos procedieron a la inspección del domicilio, localizando el cadáver en estado de momificación.
Los análisis forenses descartaron la participación de terceros en el deceso. Asimismo, el juicio oral debió suspenderse por cerca de un año luego de que la defensa alegara una posible enajenación mental de la acusada; sin embargo, las evaluaciones del Servicio Médico Legal (SML) descartaron cualquier causal de inimputabilidad, permitiendo la reanudación del proceso y la posterior emisión del veredicto condenatorio.
Con información de Heraldo
