Regalar crías de mascotas a familiares o allegados, una práctica extendida habitualmente de forma informal, cuenta ahora con un marco regulatorio estricto tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. La normativa establece que la entrega no autorizada o fuera del procedimiento legal de perros, gatos y hurones puede derivar en sanciones económicas millonarias.
La legislación busca erradicar la cesión indiscriminada de animales y combatir el abandono mediante la trazabilidad y la responsabilidad jurídica de los tenedores.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, cualquier transferencia de propiedad de un animal —incluidas las donaciones o regalos— deja de ser un trámite verbal para convertirse en un proceso administrativo formal.
Para llevar a cabo la entrega de una camada o de una cría individual, los ciudadanos deben cumplir con los siguientes condicionantes:
* Identificación previa: Los ejemplares deben contar obligatoriamente con microchip de identificación antes de formalizar el cambio de titularidad.
* Titularidad legal: La persona que entrega o cede al animal debe figurar previamente inscrita como su titular legal en los registros correspondientes.
* Firma de documento contractual: Es requisito indispensable suscribir un contrato de cesión o adopción que formalice el traspaso. Dicho documento debe incluir la información sanitaria de la mascota, la filiación del adoptante y las cláusulas de tenencia responsable.
El incumplimiento de las disposiciones legales en la cesión de animales conlleva severas penalizaciones administrativas según la gravedad de la infracción cometida.
Las multas estipuladas por la normativa oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros para las infracciones graves derivadas del incumplimiento de las normas de identificación y registro.
En los escenarios más severos donde la entrega no regulada devenga en casos de maltrato o en el uso de los cachorros para actividades ilícitas como peleas de animales, las sanciones por infracción muy grave pueden alcanzar los 200.000 euros (equivalentes a más de cuatro millones de pesos mexicanos).
Con información de Heraldo
