La Policía Federal de Brasil puso en marcha una serie de indagatorias migratorias para esclarecer el paradero y los movimientos del senador Flávio Bolsonaro, tras darse a conocer que presuntamente habría intentado abandonar el territorio brasileño en las últimas horas, incumpliendo una orden judicial que se lo prohíbe de manera expresa.
La controversia estalló luego de que el medio argentino Infobae informara que el legislador —derrotado el pasado domingo en la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva— habría cruzado la frontera hacia Argentina utilizando su documento de identidad con el objetivo de abordar un avión privado con destino a los Estados Unidos.
Sin embargo, mientras las autoridades brasileñas intensificaban las verificaciones para confirmar una posible salida clandestina, el gobierno argentino salió al paso para negar categóricamente que Bolsonaro hubiera ingresado formalmente al país. Hasta el cierre de esta edición, no existe confirmación oficial de que el senador haya cruzado la línea fronteriza o abordado la aeronave.
De acuerdo con los reportes periodísticos y detalles recabados por el diario La Nación, la operación logística apuntaba al uso de un avión privado modelo Gulfstream G400, con matrícula LV-JQW y operado por la empresa argentina Baires Fly S.A.
La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, a las 23:45 horas del lunes procedente de Buenos Aires, con un plan de despegue programado para las 02:00 horas de este martes. Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmaron que el vuelo no despegó a la hora prevista debido a la ausencia de uno de los cuatro pasajeros registrados en los trámites aduaneros y migratorios preliminares, aunque la compañía propietaria evitó confirmar si el político brasileño formaba parte de la comitiva.
El supuesto intento de salida del país se produce en un momento de extrema presión legal para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El propio legislador denunció públicamente el lunes que agentes de la Policía Federal le notificaron una resolución emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF).
Dicha medida cautelar le impuso la prohibición absoluta de abandonar Brasil y le otorgó un plazo perentorio de 24 horas para entregar todos sus documentos de viaje, incluido su pasaporte diplomático. El cerco judicial se activó inmediatamente después de su derrota electoral en las urnas frente a Lula da Silva.
Paralelamente, Flávio Bolsonaro enfrenta abiertas investigaciones en el ámbito judicial por su presunta vinculación en causas de lavado de dinero y flujos financieros irregulares conectados al abogado Willer Tomaz y a empresas del sector de apuestas, además de pesquisas paralelas sobre presuntas anomalías en el financiamiento para la producción de un largometraje biográfico sobre su padre.
Con información de Heraldo
