La crisis institucional y financiera que sacude a Paraguay dio un giro drástico este fin de semana, luego de que un juez penal ordenara formalmente la medida de prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones por el estrepitoso colapso de **Ueno Bank**.
La decisión judicial se produce pocas horas después de que el Ministerio Público formulara una imputación penal contra el exmandatario, tras su sorpresiva destitución por parte del Congreso y su posterior detención.
De acuerdo con el equipo de fiscales a cargo del caso, la causa contra Peña se sustenta en presuntos hechos punibles graves que comprometen la administración de los recursos públicos y la estabilidad del sistema financiero nacional:
* **Lesión de confianza** y **administración en provecho propio**, delitos derivados de su presunta vinculación con las operaciones y el manejo de la entidad bancaria quebrada, de la cual había sido accionista en el pasado.
* El Ministerio Público también extendió la imputación a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), a quien además se le atribuye el delito de producción de documentos públicos de contenido falso. Ambos exfuncionarios optaron por abstenerse de declarar durante sus primeras comparecencias ante la justicia.
Debido a la sensibilidad de su investidura anterior y al manejo de información clasificada vinculada a la seguridad del Estado y al crimen organizado, las autoridades determinaron que el expresidente no ingresará a un centro penitenciario común.
El magistrado a cargo dispuso que Santiago Peña cumpla la medida cautelar de privación de libertad en las instalaciones del **Regimiento Escolta Presidencial**, bajo estrictas medidas de seguridad, mientras la Fiscalía profundiza en las indagatorias para esclarecer el destino de los fondos congelados que afectaron a cerca de tres millones de ahorristas y que detonaron la más grave crisis política del país en los últimos años.
Con información de El Universal
