Un concierto que degeneró en violencia este fin de semana en Texcoco, luego de que el artista se negara a interpretar narcocorridos prohibidos en la región, ha encendido nuevamente la polémica sobre la pertinencia de censurar este género musical en México como medida para combatir la creciente violencia.
El incidente, protagonizado por el cantante Luis R. Conríquez, quien se abstuvo de cantar sus populares «corridos bélicos» en cumplimiento de la legislación local, desató la furia de sus seguidores, quienes arrojaron objetos al escenario obligando a la banda a retirarse.
Este hecho ha puesto de manifiesto la profunda división de opiniones dentro del espectro político y social mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado de «absurdo» el intento de prohibición, reiterando su postura el lunes. La mandataria aboga por fortalecer la conciencia social para evitar la glorificación del narcotráfico, las drogas y cualquier forma de violencia, incluyendo la violencia de género.
Sin embargo, dentro de su propio partido, Morena, han surgido voces que claman por medidas más drásticas. Algunos legisladores morenistas han propuesto impulsar leyes que prohíban y sancionen la difusión de estos contenidos. No obstante, la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, se ha manifestado en contra de la censura. «No se trata de prohibir los narcocorridos, se trata de hacer conciencia del impacto que generan en nuestra sociedad», expresó Alcalde a través de sus redes sociales.
La controversia se intensifica con las acciones tomadas por gobiernos estatales. El gobierno del Estado de México, también de Morena, emitió un comunicado el mismo sábado recordando su facultad para sancionar a quienes promuevan la apología de la violencia o las drogas, ya sean artistas, promotores o el público asistente.
En sintonía, el gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el lunes la inminente publicación de un decreto que prohibirá todo espectáculo público que exalte el delito, argumentando la necesidad de «recuperar la paz y la tranquilidad».
Por otro lado, el gobernador opositor de Jalisco, Pablo Lemus, también declaró recientemente que los eventos organizados por su administración no contarán con artistas que tengan antecedentes de elogiar a criminales. Esta postura se dio a conocer tras un incidente a finales de marzo, durante un concierto en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un hecho que actualmente se investiga.
Las repercusiones de la exaltación del narcotráfico en la música han trascendido las fronteras. Días después del concierto en Jalisco, Estados Unidos retiró las visas a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco por ensalzar a un narcotraficante perteneciente a una organización recientemente catalogada como terrorista.
Los intentos por prohibir los corridos que enaltecen a figuras del narcotráfico no son nuevos en México. Desde el último tercio del siglo XX, diversas administraciones de diferentes partidos políticos han impulsado iniciativas similares. Incluso agrupaciones musicales de renombre como Los Tigres del Norte denunciaron casos de censura hace décadas.
Actualmente, la prohibición de los narcocorridos varía según el estado, ya que cada uno se rige por sus propios códigos penales locales. Sin embargo, numerosos expertos consideran que el resurgimiento de estas medidas prohibicionistas responde a una estrategia de demagogia política o al nuevo contexto de las relaciones con Estados Unidos.
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El debate sobre la libertad de expresión artística y su posible impacto en la cultura de la violencia continúa abierto en México, con posturas encontradas que reflejan la complejidad de un problema profundamente arraigado en la sociedad.
Con información de Milenio
