En un movimiento coordinado, varios estados en México han presentado impugnaciones contra un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que prohíbe el uso de recursos públicos en la promoción de las elecciones judiciales. Gobernadores, legisladores y figuras clave argumentan que estas restricciones limitan el derecho de la ciudadanía a recibir información adecuada sobre este importante proceso electoral.
Según las fuentes, ya se han registrado más de 40 juicios relacionados con este tema, los cuales serán evaluados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Entre los principales actores que han presentado impugnaciones destacan la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quienes sostienen que el acuerdo del INE afecta el acceso a la información ciudadana sobre el proceso electoral.
El debate sobre la interpretación de la Constitución
Los argumentos centrales en estas impugnaciones radican en la interpretación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del artículo 134 de la Constitución mexicana. Mientras que el INE considera que cualquier uso de recursos públicos para promover el proceso electoral está prohibido, los estados y figuras implicadas sostienen que esta disposición no aplica si el objetivo es únicamente fomentar la participación ciudadana.
«Nuestro interés no es promover a un candidato, sino garantizar que los ciudadanos participen plenamente en un proceso que es crucial para nuestra democracia», argumentaron algunos de los implicados en el caso.
Un momento crucial para la democracia mexicana
El caso ha generado un amplio debate sobre la función de las instituciones públicas en los procesos electorales. Las figuras que han presentado estas impugnaciones insisten en que el acuerdo del INE debe ser revisado para asegurar que el llamado a la participación ciudadana no se vea limitado.
Tal vez te gustaría leer: En Cancún detienen a varios cubanos por invadir unas viviendas de lujo
El Tribunal Electoral tendrá la responsabilidad de determinar si estas restricciones deben ser mantenidas o si, por el contrario, se debe permitir a los gobiernos estatales y legisladores realizar llamados a la participación, siempre y cuando no interfieran directamente en las candidaturas o resultados.
Con información de Milenio
