Tras una batalla legal de más de un año, la empresa Aguakan ha sufrido un revés significativo en su intento por mantener la concesión del suministro de agua potable en cuatro municipios clave del estado de Quintana Roo. El Juzgado Octavo de Distrito emitió una sentencia definitiva que declara legal el retiro anticipado de la concesión, previamente otorgada hasta el año 2053 y que abarca los municipios de Playa del Carmen, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres.
La decisión judicial desestima el amparo promovido por Aguakan a finales de 2023, con el que la empresa había logrado frenar temporalmente la ejecución del decreto 195, aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo. Este decreto ordenaba el retiro anticipado de la concesión.
La audiencia constitucional, celebrada el pasado 26 de marzo, finalmente dio paso a esta contundente sentencia en contra de la empresa. El proceso judicial se extendió durante 14 meses debido a diversas estrategias legales implementadas por Aguakan, consideradas por algunos como tácticas dilatorias.
A pesar de este fallo adverso, Aguakan aún cuenta con un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión. Esta apelación llevaría el caso a una segunda instancia, ya sea ante un Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo o, incluso, podría buscar una atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juez federal Mario Fernando Gallegos León, titular del Juzgado Octavo de Distrito, fundamentó su sentencia en el incumplimiento de la relación contractual por parte de Aguakan. Según el análisis de los agravios y las pruebas presentadas, el juez determinó que la empresa incurrió en diversas violaciones, incluyendo el abandono de zonas dentro de los municipios donde tenía la obligación de prestar el servicio.
Para llegar a esta conclusión, el juzgador se basó en denuncias de usuarios, publicaciones de medios de comunicación e inspecciones realizadas por dependencias estatales y federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que evidenciaron violaciones al derecho a un medio ambiente sano.
La sentencia de amparo 1323/2023 es categórica al señalar que «al no quedar demostrada la ilegalidad atribuida al Decreto 195 reclamado, lo que procede es negar a la parte quejosa (Aguakan) la protección de la Justicia Federal solicitada».
Cabe recordar que el retiro anticipado de la concesión, originalmente pactada hasta 2053, fue aprobado sorpresivamente por la anterior legislatura estatal en diciembre de 2023. Inmediatamente después, Aguakan interpuso un amparo que inicialmente le otorgó una suspensión provisional. En enero del año pasado, la empresa obtuvo la suspensión definitiva, mientras continuaba presentando diversos recursos legales. El Gobierno de Quintana Roo llegó a acusar a la empresa de un presunto fraude procesal en este contexto.
Paralelamente a este litigio por la concesión, socios y directivos de Aguakan también promovieron amparos contra posibles órdenes de detención.
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La reciente sentencia marca un punto crucial en este prolongado conflicto y abre un nuevo capítulo en la gestión del suministro de agua potable para los habitantes de Playa del Carmen, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres. El futuro de este servicio esencial dependerá ahora de las posibles acciones legales que decida emprender Aguakan y de las decisiones que tomen las autoridades estatales para garantizar un suministro eficiente y de calidad para la población.
Con información de Grupo Pirámide
