La Cámara de Diputados de México dio un paso crucial hacia la transformación del Poder Judicial al aprobar una polémica reforma impulsada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.
Esta iniciativa, que ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, propone una profunda reestructuración del sistema judicial mexicano, con un énfasis particular en la elección popular de jueces y magistrados.
Los principales puntos de la reforma incluyen:
Elección popular: Más de 7 mil jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular en los próximos años.
Reducción de la SCJN: La Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de 11 a 9 ministros, y su presidente será elegido por un periodo de dos años.
Requisitos más flexibles: Se eliminarán algunos requisitos para acceder a cargos judiciales, como el límite de edad y la experiencia laboral.
Mayor autonomía: Se crearán órganos de administración y disciplina autónomos para garantizar la independencia judicial.
La reforma ha sido respaldada por el gobierno saliente y el entrante, argumentando que es necesaria para combatir la corrupción y garantizar un acceso más equitativo a la justicia. Sin embargo, ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo el Poder Judicial, la oposición política, y la comunidad internacional.
Los críticos advierten que la elección popular de jueces podría politizar el Poder Judicial y abrir la puerta a la influencia de grupos de interés.
Además, expresan preocupación por la posible disminución de la calidad de las decisiones judiciales y un debilitamiento del Estado de derecho.
Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que esta permitirá una mayor participación ciudadana y una mayor legitimidad del Poder Judicial.
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La aprobación de esta reforma representa un punto de inflexión para México y sus instituciones. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del Poder Judicial mexicano y las implicaciones que esta transformación tendrá para el país.
Con información de Milenio
