La Fiscalía General del Estado informa que, derivado de diversas actuaciones ministeriales a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, presentó datos de prueba ante jueces de control y consiguió la vinculación a proceso en contra de siete personas por delitos de índole sexual en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.
En un primer caso, en el municipio de Benito Juárez, Juan Ángel “N” fue vinculado a proceso por la autoridad judicial por hechos posiblemente constitutivos del delito de violación cometido en agravio de una víctima menor de edad en febrero de 2023. El imputado aprovechó la cercanía y relación familiar con la niña para presuntamente cometer el ilícito.
En un segundo caso, Gonzalo “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación en agravio de una víctima de identidad reservada.
En el municipio de Solidaridad, la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad en dos carpetas de investigación, por separado, obtuvo las vinculaciones a proceso en contra de Carlos Armando “N” y Pablo “N”, por hechos posiblemente constitutivos de delito de abuso sexuales y violación, respectivamente.
En el municipio de Othón P. Blanco, con base en datos de prueba presentados por esta Representación Social en contra de José Luis “N”, en audiencia fue vinculado a proceso por el órgano jurisdiccional por su probable relación en el delito de abusos sexuales cometidos en agravio de una víctima menor de edad.
Del mismo modo, en la capital del estado, Edgar Efraín “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en dos hechos de violación.
También José Daniel “N” fue vinculado a proceso por hechos posiblemente constitutivos del delito de violación en agravio de una víctima menor de edad. En la denuncia de los hechos, el imputado fue señalado de haber cometido este ilícito en cuatro ocasiones. Cabe destacar que, por este mismo suceso, anteriormente imputaron Iraselma “N”.
En todos los casos, el órgano jurisdiccional impuso, además, la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de dos años o lo que dure el proceso.
