Este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controvertida reforma constitucional que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad compuesto por más de 120,000 elementos. La iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, logrando la mayoría calificada necesaria.
La reforma busca que la Sedena administre y «ejecute la estrategia de seguridad pública» en el país, según explicó Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados y miembro del partido Morena, durante la sesión. Además, la iniciativa faculta al Congreso para establecer leyes que regulen la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en temas de seguridad pública e interior.
Debate sobre la «militarización» del país
La reforma ha generado un intenso debate entre los legisladores. Los partidos de oposición han advertido sobre una «militarización» de las funciones públicas en México, ya que la reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz, una disposición que no había sido cambiada desde 1857. También modifica el artículo 21, eliminando la garantía de que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Amplias funciones para las Fuerzas Armadas bajo el actual gobierno
Desde que López Obrador asumió el poder, las Fuerzas Armadas han asumido responsabilidades más allá de la seguridad pública, incluyendo la construcción de infraestructura, la administración de aduanas y puertos, y la dirección de proyectos del Estado como el Tren Maya. Esta expansión de funciones ha generado preocupación entre sectores que ven un creciente control militar sobre diversas áreas del país.
Una reforma previamente declarada inconstitucional
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una reforma similar propuesta por el presidente para transferir el control de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. La SCJN argumentó que las funciones de seguridad pública son competencia exclusiva de autoridades civiles. Sin embargo, con el nuevo control de más de dos tercios del Congreso por parte de Morena y sus aliados, el gobierno ha logrado la mayoría necesaria para modificar la Constitución.
La discusión en lo particular continuará en los próximos días, donde se debatirán los detalles específicos de la reforma y las propuestas de modificación que aún puedan surgir.
