El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de sentencia en el que propone invalidar la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, una medida que fue incluida en la reciente reforma judicial.
En su propuesta, el ministro argumenta que este sistema electoral no garantiza la seguridad jurídica ni la imparcialidad en la selección de los juzgadores. Alcántara Carrancá señala que la falta de certeza sobre los criterios de evaluación y la posibilidad de campañas electorales desleales podrían influir en la elección de candidatos poco calificados.
Además de cuestionar la elección popular, el ministro también propone invalidar la figura de los «jueces sin rostro», un mecanismo diseñado para proteger la identidad de los juzgadores que enfrentan amenazas por sus decisiones. Según el ministro, esta figura legal podría limitar el derecho de los ciudadanos a conocer a quienes imparten justicia.
Asimismo, Alcántara Carrancá considera que el método de selección de candidatos a juzgadores federales debe ser modificado, ya que no garantiza la equidad en el proceso.
El ministro fundamenta su propuesta en varios argumentos:
- Falta de seguridad jurídica: El sistema actual no garantiza que los mejores candidatos sean seleccionados.
- Posibilidad de campañas desleales: Las campañas electorales podrían estar influenciadas por intereses políticos o económicos.
- Limitación del derecho a la información: Los ciudadanos no tendrían suficiente información para tomar una decisión informada al momento de votar.
- Dudas sobre la imparcialidad: La elección popular podría generar conflictos de interés y afectar la independencia de los jueces.
Si la propuesta del ministro es aprobada por la SCJN, se abriría un nuevo debate sobre el modelo de selección de jueces y magistrados en México. Además, se pondría en entredicho la figura de los «jueces sin rostro», que ha sido adoptada por otros países para combatir la delincuencia organizada.
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La propuesta de Alcántara Carrancá ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y político. Mientras algunos expertos la consideran un paso necesario para garantizar la independencia del Poder Judicial, otros advierten que podría debilitar la legitimidad democrática de las instituciones.