La familia LeBarón, víctima de la trágica masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en 2019, dio un paso más en su búsqueda de justicia al comparecer ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En esta audiencia, se ratificó el nombramiento de Adrián LeBarón como representante común de las víctimas en un juicio que busca responsabilizar al Estado mexicano por la negligencia en la protección de sus ciudadanos.
La masacre de Bavispe, en la que perdieron la vida Rhonita LeBarón, su esposo y cuatro de sus hijos, conmocionó al país y puso en evidencia la grave crisis de seguridad que vive México. Ante esta situación, la familia LeBarón ha emprendido una incansable lucha por obtener justicia y garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
La comparecencia ante la Sala Superior representa un hito en este proceso legal, ya que se trata de un tribunal de alta especialización que se encarga de resolver los conflictos entre particulares y el Estado. La decisión de atraer este caso subraya la trascendencia jurídica de la demanda de la familia LeBarón y la necesidad de que se establezca un precedente que fortalezca el sistema de reparación del daño en México.
Adrián LeBarón enfatizó que este juicio no solo busca obtener justicia para su familia, sino también para todas las víctimas de la violencia en México. “Este caso es un llamado para que el Estado cumpla con su obligación de proteger a sus ciudadanos”, afirmó.
La demanda presentada por la familia LeBarón busca que el Estado mexicano sea condenado a pagar una indemnización por el daño causado, así como a implementar medidas para garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La reparación del daño es un mecanismo fundamental para reconocer el sufrimiento de las víctimas y para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.
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La decisión de la Sala Superior de atraer este caso marca un precedente importante y abre la puerta a que otras víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la justicia a través del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado.
