La empresa estadounidense Vulcan Materials ha redoblado sus esfuerzos legales y diplomáticos contra el Gobierno mexicano tras la clausura de su mina Sac-Tun, ubicada en el Caribe Mexicano. La compañía presentó un amparo contra el decreto de creación del Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”, que abarca 53,277 hectáreas de selva en Quintana Roo, incluidas zonas donde la empresa realizaba la extracción de piedra caliza.
Un juez federal admitió el amparo bajo el expediente 1035/2024, aunque negó la suspensión provisional, señalando que concederla podría afectar el equilibrio ecológico de la región. La audiencia incidental se llevará a cabo el 26 de noviembre, en la que se decidirá si se otorga o no la suspensión definitiva contra el decreto que protege la flora y fauna del área.
El conflicto ha escalado al plano internacional, encendiendo alarmas entre inversionistas extranjeros y poniendo bajo la lupa la relación comercial entre México y Estados Unidos. La clausura de la mina, iniciada en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido defendida por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, como una medida para proteger el medio ambiente. Sin embargo, Vulcan Materials sostiene que la acción constituye una “expropiación de facto” y busca justicia tanto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial como en los tribunales mexicanos.
El caso ha generado tensiones diplomáticas, especialmente ante la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha manifestado su apoyo a empresas estadounidenses en conflictos internacionales. Vulcan apuesta por un respaldo político y económico para presionar a México en los paneles del acuerdo comercial T-MEC, lo que podría afectar la relación bilateral y la atracción de inversión extranjera.
La disputa también ha puesto en evidencia acusaciones de daño ambiental. Según el gobierno mexicano, Vulcan habría excedido los límites de sus permisos, destruyendo cenotes y afectando el manto freático. Por su parte, la empresa argumenta que cumplió con todas las normativas ambientales y que sus operaciones fueron aprobadas por administraciones anteriores.
El caso de Vulcan Materials no solo representa una pugna jurídica y diplomática, sino también un desafío para México en términos de certeza jurídica, transparencia legal y sostenibilidad ambiental en sus relaciones comerciales internacionales. La resolución del conflicto será clave para definir el futuro del país como un destino atractivo para la inversión extranjera.
(Con información de Diario Cambio 22)
