El Congreso del Estado de Quintana Roo está obligado a reformar el Código Penal para establecer la o las sanciones para todos los desarrolladores de inmuebles que los construyan y/o los comercialicen sin tener los permisos correspondientes.
Así se determinó por un juez, luego de que la agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), interpuso un amparo indirecto contra la omisión de parte del Poder Legislativo debido a que en el artículo 268 del Código Penal, que sanciona la comercialización y publicidad de obras que carecen de permisos, no especifica los castigos a los que se harán acreedores.
Esto determinación nació de las construcciones que se están haciendo en Bahía Solimán, Tulum, sin permisos para ello.
De acuerdo a DMAS, la XVIII Legislatura deberá realizar las modificaciones al Código Penal antes de que concluya el primer semestre del siguiente año.
