El hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración
en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social.
Incluso hubo una consulta popular en la cual, la mayoría de las y los ciudadanos se expresaron por terminar con la
concesión.
Es por ello que desde el inicio de la presente administración se atiende la demanda social de que el Estado deba velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como de su terminación; por lo cual,
se han realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como a la operación de la concesión, el análisis de muestras de agua, visitas a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual nos permitió detectar diversas irregularidades y como consecuencia de ello, la presentación de las denuncias correspondientes.
En este sentido, las denuncias presentadas por este
gobierno hasta esta fecha tuvieron como fundamente
los siguientes hechos:
- La concesión que fue otorgada en los años 90´s fue
prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y
ampliada a un municipio adicional (Solidaridad). - Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el
Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la
Fiscalía General de la República, misma que
después de integrar la carpeta de investigación
correspondiente, determinó que existían elementos
suficientes en contra de directivos de la empresa
DHC.
3.El Juez Federal competente determinó que existen
datos de prueba que demuestran el delito de
Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5
de diciembre de 2014, directivos de la empresa
gestionaron de manera ilícita por 30 años más la
prórroga de la concesión a cambio del pago de
$1,055 millones de pesos, toda vez que el Gobierno
del Estado no tenía facultades para obligarse a
gestionar una prórroga y ampliación de una
concesión en esa materia, lo cual corresponde
única y exclusivamente a los Municipios y al
Congreso del Estado. Que como resultado de la
gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los
procedimientos de ley, continuaron con esta
ilegalidad generando ganancias multimillonarias
para dicha empresa sin que se vean reflejadas con
la calidad y cantidad de los servicios prestados a la
ciudadanía.
- Derivado de los hechos anteriores y como es del
conocimiento público, UN JUÉZ FEDERAL LIBRÓ
ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar
elementos suficientes, POR LOS DELITOS DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE
CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE
AGUAKÁN.
Por lo que respecta a los temas de salud y afectación al
medio ambiente, de las y los quintanarroenses, que
derivan de la explotación ilícita de la concesión, la
Comisión Nacional del Agua, CAPA, así como
epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de
Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo
diversos muestreos de agua potable en escuelas,
hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de
agua residual, operadas por la concesionaria DHC,
obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y
ambientales muy graves, como las siguientes:
1.Se detectó en el agua potable la presencia de
contaminantes en parámetros fuera de los límites
permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, lo que representa un riesgo inminente a
la salud de la población, siendo tóxicos para los
seres humanos.
2.Por lo que hace a las aguas residuales se
detectaron elementos que superan los límites
permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales
muy por arriba de los niveles permitidos, los que,
en esas condiciones, una vez devueltas al
ecosistema y al ser inyectados al manto freático,
generan un daño irreversible al medio ambiente.
Por otro lado, de forma facciosa y parcial, se ha
difundido un encuentro entre representantes de DHC y
representantes del Gobierno del Estado, a lo cual se
señala lo siguiente:
- La reunión se celebró a petición de la propia DHC
y el Gobierno del Estado accedió a ésta, teniendo
como premisa fundamental el argumento de una
posible afectación al público inversionista de la
AFORES. - Dicha reunión se efectuó estando presentes
abogados del Estado y asesores jurídicos de los
Ayuntamientos, encabezados por el director
general de CAPA. - Las acciones que el Gobierno del Estado ha
emprendido en ningún momento han implicado
acoso ni acuerdo alguno. Lo que nos llevó a dicha
reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de
las inversiones de las Afores y de los derechos
laborales de las y los trabajadores.
4.En el único momento que se habló de montos, fue
para determinar el valor de las inversiones en
activos y garantizar los derechos de las y los
trabajadores.
5.Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que
el Estado adquiriera a AGUAKAN, a lo que CATEGÓRICAMENTE se les respondió que NO,
que la concesión debía terminar.
6.El actuar de la autoridad, por la vía legal, de
ninguna manera constituye un riesgo a la inversión
privada y mucho menos a las Afores, por el
contrario, dichos inversionistas son posibles
víctimas de los hechos realizados por ciertos
accionistas y administradores de DHC quienes
desplegaron conductas ilícitas tanto para la
prórroga y ampliación de la concesión referida,
como en el deficiente servicio que prestan a las y
los quintanarroenses.
Los actos realizados por el Gobierno, como son la
presentación de denuncias ante la existencia de
posibles hechos de corrupción y lavado de dinero,
constituyen el cumplimiento de un deber legal para que
se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna. “El patrimonio de las y los
quintanarroenses no se vende”.
Que quede bien claro; en Quintana Roo, con la llegada
de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá
el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho
humano, no un privilegio y menos un instrumento para
el enriquecimiento de unos cuantos.
Como lo dijo la primera Presidenta Mujer de este país,
el interés público debe prevalecer sobre cualquier
interés privado. No olvidemos que la voluntad del
pueblo es el principal pilar del actuar de este Gobierno.
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Nadie por encima ni al margen de la ley; donde la razón
asiste al pueblo, tendrá un gobierno que lo defienda
hasta sus últimas consecuencias.
