Después de que el Congreso de Quintana Roo aprobara reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano —siguiendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, el Observatorio Legislativo Ciudadano señaló que este proceso fue una “simulación”, por lo que anticipó que podría haber una nueva intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que persisten disposiciones que podrían considerarse inconstitucionales.
El organismo explicó que, tras la aprobación realizada en un periodo extraordinario el 19 de agosto, las reformas fueron publicadas al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado. En ellas se establece el cobro de dictámenes urbanísticos estatales, un trámite que, según el Observatorio, incrementará los costos de los desarrollos inmobiliarios.
El Congreso de Quintana Roo aprobó cambios a la Ley de Asentamientos Humanos y otras normas relacionadas con el desarrollo urbano. Estos ajustes se hicieron porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había señalado que había artículos que violaban la Constitución en detrimento de la autonomía de los municipios.
Sin embargo, el Observatorio Legislativo Ciudadano criticó el procedimiento legislativo y lo calificó como una “simulación”. Explicó que, aunque se modificaron algunos términos, en el fondo se mantienen los mismos problemas que ya habían sido declarados inconstitucionales.
Uno de los puntos más polémicos es que ahora se establece el cobro de dictámenes urbanísticos, un trámite que, según el Observatorio, aumentará los gastos de los desarrolladores inmobiliarios y terminará encareciendo proyectos.
El organismo también advirtió que:
La iniciativa vino de la Consejería Jurídica del Estado, que estaría apostando a que, con la renovación de la Corte, los cambios sigan vigentes.
Es poco probable que los municipios impugnen las reformas, porque la situación política actual los limita para enfrentarse al gobierno estatal.
Las cámaras empresariales no han fijado postura, aunque alguna empresa podría presentar un amparo.
Lo que había dicho la Suprema Corte
En 2023, la SCJN resolvió una controversia presentada por el municipio de Solidaridad, que encabezaba Lili Campos. Determinó que el gobierno estatal no puede dar permisos relacionados con el uso de suelo o construcción, ya que esa facultad es exclusiva de los municipios. Además, señaló que la ley estaba mal hecha porque dejaba decisiones importantes a un reglamento, en lugar de estar claramente definidas en la ley.
Lo que hizo el Congreso ahora
Pese a esa resolución, los diputados aprobaron reformas que mantienen el mismo esquema, solo que en lugar de “Constancias” ahora hablan de “Dictámenes”.
El Observatorio advirtió que este cambio de nombre no resuelve los problemas de fondo y que incluso podría llevar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vuelva a intervenir.
¿Qué cambió y por qué importa?
La SCJN resolvió la controversia constitucional 471/2023 (promovida por Solidaridad) y determinó que el Ejecutivo estatal no puede emitir “Constancias de Congruencia Urbanística Estatal” porque invade facultades exclusivas de los municipios en uso de suelo y construcción (art. 115). También observó problemas de seguridad jurídica por remitir temas de ley a reglamentos.
Organizaciones civiles (Observatorio Legislativo) y medios señalan que las reformas reintroducen controles estatales vía nuevas figuras como “Dictamen de Viabilidad en Materia de Acciones Urbanísticas” y “Dictamen en modalidad de Viabilidad Urbanística y Mitigación de Impactos”, e incluyen cobros asociados, lo que sería una “simulación” frente al fallo de la Corte.
Las posibles afectaciones con la reforma que el Observatorio calificó como una simulación son las siguientes.
1) Ciudadanía
Permisos y obras particulares (ampliaciones, construcciones, fraccionamientos): si los “dictámenes” estatales operan como filtros adicionales, podrían alargar tiempos y encarecer trámites (por los cobros que se reportan), lo que impacta bolsillos y cronogramas de obra.
Transparencia y certeza: la SCJN defendió que el municipio sea quien decide sobre uso de suelo. Si persiste una capa estatal paralela, aumenta la confusión sobre “quién manda” y a dónde acudir, con riesgo de trámites duplicados.
2) Empresas y desarrolladores
Costos y riesgo regulatorio: medios y el Observatorio advierten cobros adicionales y la permanencia de controles estatales; eso eleva CAPEX de tramitología y riesgos de litigio (posibles amparos) que afectan flujo y bancabilidad de proyectos.
Tiempos de salida al mercado: más pasos y definiciones dudosas (Corte ya invalidó el esquema anterior) pueden traducirse en demoras y retrabajos si un juez invalida trámites.
3) Municipios
Autonomía: la SCJN fue clara: el uso de suelo es competencia municipal. Si el andamiaje estatal se mantiene con otros nombres, los ayuntamientos ven limitada su capacidad para planear, autorizar y cobrar (lo cual también afecta ingresos propios).
Gestión cotidiana: coexistencia de “dictámenes” estatales puede generar choques con direcciones de Desarrollo Urbano y jurídicos municipales, además de presiones políticas para no impugnar.
4) Gobierno del Estado
Coordinación vs. invasión de competencias: insistir en figuras equivalentes a la constancia estatal lo expone a nuevas impugnaciones (CNDH/municipios/empresas) y a incertidumbre regulatoria.
