Un juez federal determinó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo invadió atribuciones de orden federal al otorgar una autorización de impacto ambiental para el desarrollo inmobiliario Alux 33, proyectado en el municipio de Puerto Morelos.
El fallo, luego de la intervención jurídica de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente (DMAS), fue emitido por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo dentro del juicio de amparo 959/2025-G-1. La resolución judicial ordena dejar sin efectos la autorización que la dependencia estatal había expedido a través de su Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, argumentando una franca falta de competencia legal para resolver sobre dicho trámite.
De acuerdo con la sentencia, la invalidez del permiso radica en que el proyecto condominal se localiza en una zona estrechamente vinculada con un ecosistema de humedal costero y presencia específica de manglar. El juzgador recordó que, según lo establecido en el artículo 28, fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la evaluación de impacto ambiental para obras en humedales, manglares, ecosistemas costeros y cuerpos de agua conectados con el mar es una facultad exclusiva de la Federación, ejercida a través de las autoridades ambientales federales.
La legislación ambiental del estado de Quintana Roo estipula que las competencias de evaluación estatales se limitan únicamente a aquellas obras y actividades que no correspondan al ámbito federal. Con base en este criterio rector, la justicia determinó la nulidad del acto emitido por la autoridad estatal.
La organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que impulsó el litigio, señaló que este caso visibiliza la necesidad de que las dependencias estatales respeten los límites constitucionales de sus funciones. El resolutivo se suma además a un antecedente jurídico previo del Juzgado Tercero de Distrito, el cual ya había anulado la licencia de construcción municipal debido a que el Ayuntamiento de Puerto Morelos otorgó los permisos locales omitiendo verificar que el proyecto contara con el aval ambiental federal correspondiente, cuya validez original ya había sido rechazada en las instancias federales correspondientes.
