Una fuerte disputa se ha desatado en la comunidad de La Zacatecana, municipio de Guadalupe, luego de que el párroco local, identificado como José Luis, intentara presuntamente por tercera vez retirar la imagen original de San Miguel Arcángel, una escultura de más de cien años de antigüedad, del templo que lleva su nombre.
El conflicto escaló este lunes, cuando los pobladores denunciaron que el sacerdote, quien lleva dos años en la parroquia, intentó reemplazar la venerada figura centenaria con una réplica que él mismo mandó elaborar. La movilización de los habitantes para impedir la sustracción provocó una situación de alta tensión.
La controversia alcanzó un punto crítico el sábado 18 de octubre. Según testimonios de la comunidad, el sacerdote llamó a la Policía Municipal, alegando sentirse amenazado por los feligreses que se oponían a la retirada de la imagen. Los agentes municipales escoltaron al párroco fuera del templo.
Como resultado del enfrentamiento, varios de los habitantes que defienden la permanencia de la escultura aseguran haber sido excomulgados. En respuesta, la comunidad ha tomado la drástica decisión de cerrar y resguardar la iglesia, impidiendo cualquier nuevo intento de traslado o sustitución de la figura. Esta acción ha generado un ambiente de distanciamiento entre los feligreses y las autoridades eclesiásticas.
Aunque no se ha presentado una denuncia formal, el intento de retiro de una escultura con valor histórico y cultural podría tener implicaciones legales serias. El Código Penal Federal establece sanciones claras para el robo de bienes muebles, especialmente aquellos con valor patrimonial.
De confirmarse las acusaciones, el intento de sustracción de la imagen centenaria podría considerarse robo agravado de patrimonio. Las posibles penalizaciones, según los artículos 367 al 381 del Código, incluyen:
- Prisión: El robo simple es sancionado con 2 a 6 años de prisión, pero si el objeto robado tiene valor histórico, artístico o religioso, la pena podría elevarse hasta 10 años de prisión.
- Abuso de Confianza: También podría configurarse este delito si se demuestra que el sacerdote, aunque con posesión legítima del inmueble, no tenía derecho sobre el objeto en sí.
La comunidad exige transparencia y la protección del patrimonio cultural y religioso. Hasta el momento, ni el obispado de Zacatecas ni el sacerdote han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones. Los pobladores mantienen la guardia en el templo mientras evalúan la posibilidad de formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas.
Con información de Excelsior
