La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró de manera oficial que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ninguna Notificación Roja activa por parte de la Policía Internacional (Interpol), desmintiendo las versiones que circulaban sobre una orden de captura internacional inmediata en su contra.
A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, la dependencia federal informó: «Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra».
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló el funcionamiento y los alcances jurídicos de los mecanismos de búsqueda internacional, enfatizando que una Ficha Roja no se traduce automáticamente en un arresto en territorio nacional.
“Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República (FGR)… y de ahí se ve si procede o no. No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, explicó el secretario.
Al ser cuestionado sobre la situación jurídica de Rocha Moya en el extranjero, García Harfuch acotó que la validez en México requiere de una orden de detención formal con fines de extradición dictada por un juez local, aunque reconoció tener conocimiento de que el exmandatario enfrenta un proceso y una presunta orden de detención en los Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las indagatorias en torno a la crisis de seguridad en Sinaloa siguen su curso bajo la estricta jurisdicción del marco ministerial:
- Comparecencias masivas: Durante la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reportó que al menos siete personas han acudido a declarar ante la delegación de la FGR en Sinaloa.
- Autonomía ministerial: La jefa del Ejecutivo federal evitó profundizar en los testimonios recabados, señalando que tanto el caso de Sinaloa como el de Chihuahua están bajo el control exclusivo del órgano autónomo: «Es la Fiscalía quien tiene que informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo… no nos corresponde a nosotros», sentenció.
Con estas precisiones, el Gobierno de la República busca delimitar las competencias de la administración federal frente a las determinaciones que tome la FGR en las próximas horas. Mientras la Interpol mantiene el estatus de Rocha Moya libre de alertas en sus registros públicos, el foco político y judicial se traslada a las oficinas ministeriales para conocer el impacto de las siete declaraciones ministeriales vertidas en el estado norteño.
Con información de Heraldo
