El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, logró frenar de forma provisional el Juicio Político que enfrenta en el Poder Legislativo local. El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la entidad le concedió una suspensión temporal que impide a los diputados locales emitir un dictamen final o votar una sanción en su contra.
El amparo promovido por el mandatario estatal busca bloquear de manera definitiva el proceso administrativo iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso. El caso se deriva de las investigaciones en torno a una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados a la familia del propio gobernador.
La jueza de distrito encargada del caso, Tania Virginia Neri Borjas, estipuló en su resolución que el procedimiento del Juicio Político puede continuar desahogándose en la mayoría de sus etapas de investigación, pero prohíbe estrictamente llevar el caso a votación, tanto en el seno de la comisión encargada como en el Pleno del Congreso.
La suspensión provisional dictada detiene la última fase del juicio hasta que el juzgado federal analice y resuelva el fondo de los actos reclamados. Esto significa que, si bien no se suspenden las facultades de indagatoria contempladas en la Ley de Juicio Político del Estado, los legisladores están legalmente maniatados para emitir un fallo sancionatorio.
El documento judicial detalla las restricciones específicas para el Poder Legislativo de Nuevo León:
- Prohibición de resolución: Los integrantes de la Comisión Anticorrupción deberán abstenerse de ejecutar cualquier resolución encaminada a culminar el procedimiento previsto en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado.
- Protección de derechos: La medida busca evitar que el Congreso local provoque un «daño irreparable» en los derechos político-administrativos del quejoso antes de que se demuestre la legalidad del proceso.
La notificación del juzgado federal fue recibida formalmente en la Oficialía de Partes del Congreso local el pasado miércoles. Con esta acción legal, García Sepúlveda responde a la ofensiva legislativa que comenzó el 26 de junio, fecha en la que los integrantes de la Comisión Anticorrupción abrieron la etapa de investigación por mayoría de votos.
Aunque el gobernador había solicitado originalmente la suspensión total del procedimiento en todas sus etapas, la resolución de la jueza Neri Borjas representa un tanque de oxígeno para el Poder Ejecutivo del estado, postergando la resolución de un conflicto político y jurídico que mantiene bajo tensión a los poderes locales en Nuevo León.
Con información de Heraldo
