La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) obtuvo la vinculación a proceso en contra de ocho personas —entre ellas cuatro policías municipales en activo— presuntamente implicadas en el secuestro con extrema violencia y el posterior homicidio calificado de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, directora y fundadora del medio digital Portal Informativo del Sureste.
Un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026, tras determinar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para acreditar la probable participación de los detenidos en el crimen. Los restos óseos de la reportera fueron localizados recientemente en un rancho del ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, al sur de la entidad.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la privación de la libertad de la periodista ocurrió el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. Los civiles vinculados, identificados como Javier Iván “N” (alias “Delta 1”), José del Carmen “N” (alias “Delta 7”), Luis Arturo “N” (alias “Delta 11” o “El Pelón”) y Karen Monserrat “N” (alias “La Hiena”), son señalados como los presuntos líderes criminales que operaron el asalto.
Las investigaciones apuntan a que este grupo irrumpió en el domicilio de la comunicadora utilizando un mazo para destrozar la puerta principal, llevándosela por la fuerza para luego ocultar y enterrar sus restos en el predio donde finalmente fueron hallados por los peritos forenses.
El avance del caso ha vuelto a encender las alarmas sobre la colusión de las fuerzas del orden locales con los grupos delictivos en la región sur de Veracruz:
- Servidores públicos implicados: Los otros cuatro vinculados a proceso son Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes operaban de forma activa como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
- Uso de recursos del Estado: La indagatoria señala que estos elementos utilizaban patrullas, armamento oficial y uniformes de la corporación para proporcionar apoyo logístico, financiamiento encubierto y blindaje operativo a la célula delictiva que asesinó a la periodista.
Mientras las autoridades realizaban los estudios científicos y de ADN pertinentes para confirmar la identidad de los restos óseos, la familia de Roxana Guzmán mantenía oraciones en su hogar. Junto a una imagen de San Judas Tadeo y una veladora, colocaron su fotografía con la esperanza de que fuera devuelta con vida, un anhelo que se apagó tras los dictámenes periciales.
Organizaciones civiles, colectivos de periodistas y defensores de los derechos humanos en el estado de Veracruz han condenado enérgicamente los hechos. El gremio exige la pena máxima para todos los involucrados, advirtiendo que este caso desnuda la extrema vulnerabilidad en la que ejercen los reporteros de la región y cómo el aparato policial, diseñado para la protección ciudadana, terminó actuando como facilitador del crimen organizado.
Con información de Heraldo
