Tras permanecer 14 días con paradero desconocido, Leonardo Ariel Escobar Barrios, ciudadano colombiano y miembro de la Universidad Iberoamericana Puebla, rompió el silencio para denunciar las graves irregularidades y abusos cometidos por autoridades en el estado de Nuevo León. En una rueda de prensa respaldada por la institución académica, Escobar calificó su experiencia como una desaparición forzada.
El relato del joven contradice frontalmente la narrativa de las autoridades locales, quienes intentaron justificar su detención como un incidente menor de «altercado al orden público», una acusación que, según el afectado, carece de pruebas y sustento legal.
Según el testimonio de Escobar, su calvario inició con una detención sin orden judicial que se prolongó durante tres días en el municipio de Apodaca. Durante este periodo, afirma haber sido víctima de una violación sistemática a sus derechos fundamentales.
«Me tuvieron sin comer bien y tomando agua de un grifo oxidado», denunció el estudiante, describiendo las condiciones de la celda donde permaneció incomunicado.
Además de las carencias básicas, el ciudadano colombiano aseguró que fue objeto de agresiones físicas. A pesar de presentar lesiones visibles, las autoridades de detención le habrían negado sistemáticamente la atención médica, agravando su estado físico y emocional.
El itinerario de su desaparición culminó de manera inusual. Tras ser liberado de la celda en condiciones precarias, Escobar se vio obligado a sobrevivir en las calles de Nuevo León sin recursos, situación que terminó con su ingreso a un centro de rehabilitación de adicciones, un paso que la defensa y la universidad analizan como parte de las irregularidades del caso.
La Universidad Ibero Puebla ha cerrado filas en torno a su integrante, exigiendo una investigación profunda sobre el actuar de las corporaciones policiales de Nuevo León. El caso ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros y estudiantes en tránsito por el norte del país, evidenciando una posible fabricación de delitos para encubrir abusos de autoridad.
Con información de Milenio
