Un Juez de Control dictó la medida de prisión preventiva justificada en contra de Gaby «N», señalada por el delito de homicidio calificado tras la muerte del motociclista Roberto Hernández. El trágico incidente, ocurrido el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, cobró relevancia nacional tras difundirse videos donde se observa cómo el cuerpo de la víctima fue arrastrado por varios metros por el vehículo de la imputada.
Tras semanas de búsqueda, Gaby «N» fue localizada y arrestada el lunes pasado en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.
Durante la audiencia inicial celebrada en los juzgados de la colonia Doctores, el juzgador calificó de legal la detención. Si bien el Ministerio Público formuló la imputación formal, la defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término constitucional (144 horas). Debido a esto, su situación jurídica y la posible vinculación a proceso se definirán el próximo lunes.
A las afueras de los juzgados en la calle Doctor Lavista, Odilia, madre de la víctima, compartió su sentir ante los medios de comunicación. Entre lágrimas, la mujer expresó una mezcla de alivio e indignación por la muerte de su hijo, quien tenía 52 años y se desempeñaba como repartidor.
«Tengo mucha impotencia, mucha ira, pero me siento tranquila de que ya la detuvieron», declaró.
Odilia lanzó una dura crítica hacia la profesión de la acusada, señalando la falta de auxilio tras el impacto: «Si su carrera es humanitaria, si se supone que ella siendo enfermera debió de haberse detenido«. Asimismo, hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que el proceso sea transparente: «Que no mantengan nada oculto… que si es culpable, que pague»
El atropello de Roberto Hernández se suma a las estadísticas de violencia vial en la capital, pero con el agravante de la omisión de socorro y la sevicia del arrastre captado en cámaras de vigilancia. Por ahora, Gaby «N» permanecerá bajo custodia mientras se desahogan las pruebas que determinarán si enfrentará un juicio por homicidio calificado.
