Aprueban en Israel pena de muerte para palestinos involucrados en ataques

by Mario Guillermo

En una sesión que ha generado una ola de rechazo global, la Knesset (el Parlamento de Israel) aprobó una controvertida iniciativa de ley que restablece la pena de muerte para personas condenadas por actos de terrorismo. La medida, respaldada por 62 diputados —incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu—, ha sido calificada como discriminatoria por diversas ONG y organismos internacionales.

El texto legal establece que podrá ser condenado a la horca cualquier individuo que provoque la muerte de otra persona con el fin de causar daño a un ciudadano o residente del territorio israelí. No obstante, el punto que suscita mayor alarma entre los juristas es su aplicación específica contra quienes tengan la intención de atentar contra la existencia del Estado de Israel.

La normativa presenta particularidades en su aplicación geográfica y demográfica:

  • Población objetivo: La ley está diseñada para aplicarse a palestinos en Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel.
  • Plazos de ejecución: Una vez dictada la sentencia, la pena deberá ejecutarse en un máximo de 90 días, con un margen de apelación que podría extender el plazo hasta los 180 días.
  • Conmutación: Bajo circunstancias especiales, la pena capital podría ser modificada por cadena perpetua tras una primera instancia.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, manifestó su profunda preocupación, señalando que el lenguaje de la ley parece estar «hecho a la medida» para afectar a la población palestina en los territorios ocupados.

«La ONU se opone a la pena de muerte bajo todas las circunstancias. Es difícil equiparar este castigo con la dignidad humana y aumenta el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes», declaró Türk tras la votación.

A nivel diplomático, mandatarios de países como Francia y España también han expresado su reprobación, uniéndose al llamado de las organizaciones civiles que consideran que esta medida profundiza la brecha de derechos humanos en la región y contraviene los tratados internacionales sobre el derecho a la vida.

Con información de Heraldo

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