La investigación para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, líder del «Movimiento del Sombrero», ha encontrado un freno inesperado. El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, señaló que la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, se ha negado a entregar el teléfono celular del occiso a las autoridades ministeriales.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha requerido el dispositivo formalmente en los meses de noviembre y diciembre, la alcaldesa mantiene el equipo bajo su resguardo. Quiroz argumenta que actúa bajo una supuesta voluntad expresada por Manzo antes de su muerte el 1 de noviembre de 2025, e insiste en que cualquier revisión del equipo debe hacerse bajo su estricta supervisión para «evitar manipulación de evidencia».
“La presidenta fue muy enfática en decir que Carlos Manzo en vida mencionó que no quería que el celular lo tuviera alguna otra persona”, detalló Torres Piña, explicando que, debido a que el móvil no fue presentado inicialmente como prueba, ha permanecido como una pertenencia personal custodiada por la edil.
La urgencia de la Fiscalía por acceder a los datos del dispositivo radica en el descubrimiento de una red de filtraciones. Según las investigaciones, los agresores recibieron información en tiempo real sobre los movimientos de Manzo el día del crimen.
- Filtraciones por WhatsApp: Se detectaron grupos donde funcionarios municipales e involucrados materiales e intelectuales compartían detalles «minuto a minuto».
- Colaboración dispar: Mientras la alcaldesa retiene el dispositivo clave, otros 14 funcionarios han cooperado voluntariamente entregando sus equipos y rindiendo declaraciones.
El Fiscal también abordó la situación de Sigfrido Múgica, secretario particular de Manzo, quien no ha sido visto en medio año. Múgica ha ignorado tres citatorios oficiales; no obstante, el funcionario aclaró que no existe aún una denuncia por su desaparición ni una orden de captura en su contra.
Finalmente, respecto a los escoltas procesados por su presunta responsabilidad en el homicidio, la Fiscalía advirtió que cualquier beneficio procesal o juicio abreviado no será otorgado unilateralmente. Cualquier cambio en las medidas cautelares deberá contar con el consenso de las víctimas indirectas: la esposa, la madre y el hermano del fallecido líder social.
Con información de Heraldo
