Padres de familia del jardín de niños “Ricardo Flores Magón” alzaron la voz para denunciar públicamente un presunto caso de acoso sexual cometido en contra de dos alumnas de la institución. Los familiares señalan de manera directa como responsable al psicólogo asignado al plantel educativo y exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes.
La denuncia cobró relevancia tras las declaraciones de la señora Paola Sarahí Martínez, madre de una de las menores afectadas. Martínez explicó que decidió hacer pública la situación luego de que su hija le relatara una serie de comportamientos y comentarios fuera de lugar ocurridos dentro de las instalaciones escolares.
Al compartir la preocupante situación con la comunidad escolar, se descubrió que una segunda alumna describía de forma idéntica los mismos patrones de conducta por parte del trabajador del plantel, lo que encendió las alarmas entre los tutores.
A pesar de la gravedad de los testimonios, los padres de familia aseguran haberse topado con una barrera institucional al intentar resolver el caso por la vía interna:
- Sin respuestas: La representación de los padres acudió con la dirección del kínder para presentar la queja formal y exigir el cese preventivo del implicado, pero acusan que hasta el momento no han recibido acciones concretas ni respuestas claras.
- Evidencia borrada: Un factor que ha incrementado la indignación es que el sistema de cámaras de vigilancia del plantel solo almacena grabaciones por un periodo de siete días, por lo que actualmente los registros visuales de las fechas clave ya se habrían perdido automáticamente.
Hasta el cierre de esta edición, la directiva del jardín de niños “Ricardo Flores Magón” ha mantenido una postura hermética y no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la situación laboral o los señalamientos penales que pesan sobre el psicólogo.
Ante la falta de garantías dentro de la escuela, el colectivo de padres de familia solicitó formalmente la intervención de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía local para que se inicie una investigación exhaustiva, se proteja la integridad psicológica de las víctimas y se garantice un entorno seguro para el resto de los menores de edad.
Con información de Heraldo
