En un golpe estratégico contra las estructuras del crimen organizado transnacional, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un sofisticado túnel subterráneo en la frontera de Tijuana, el cual presuntamente era utilizado para el tráfico ilegal de armamento y drogas hacia los Estados Unidos.
De acuerdo con el informe oficial de la corporación federal, la localización del pasadizo fue el resultado de minuciosos trabajos de inteligencia civil y militar ejecutados en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El túnel cuenta con una extensión aproximada de 265 metros de longitud y se localiza a una profundidad de 6.30 metros.
Lejos de ser una excavación rudimentaria, las autoridades ministeriales destacaron que la obra cuenta con una importante infraestructura operativa instalada. El subterráneo estaba completamente equipado con sistemas de iluminación profesional, ductos de ventilación y mecanismos electrónicos avanzados en ambos extremos de la estructura. Según las líneas de investigación, el pasadizo conecta de manera directa con una vialidad pública en San Diego, California, sirviendo como una ruta libre para el tránsito ilícito binacional.
El hallazgo se derivó de una orden de cateo cumplimentada por el Ministerio Público Federal (MPF) en una vivienda ubicada en la colonia Nueva Tijuana:
- Centro logístico: Los agentes federales confirmaron que la propiedad no solo ocultaba la entrada al túnel, sino que operaba activamente como un centro de almacenamiento, planeación logística y tráfico de armas de fuego y explosivos.
- Incautación de narcóticos: Al interior del inmueble se confiscaron cargamentos de posibles metanfetaminas y marihuana, además de cartuchos útiles de diversos calibres.
- Material de investigación: Las fuerzas federales aseguraron teléfonos celulares y documentación diversa que permitirán rastrear la identidad de los operadores de esta ruta.
Tanto la propiedad como la totalidad de los indicios materiales incautados quedaron bajo el resguardo absoluto y a disposición de la delegación del Ministerio Público Federal en el estado de Baja California.
Mientras las autoridades mexicanas integran la carpeta de investigación correspondiente para identificar y capturar a los líderes de la red criminal detrás de esta megaobra, se mantiene comunicación con las agencias de seguridad del gobierno estadounidense para ubicar el punto exacto de salida en San Diego y proceder a su clausura definitiva en ambos lados de la frontera.
Con información de Heraldo
