Indignación y rechazo ha generado en redes sociales el brutal ataque contra un perro de raza pitbull conocido como «Güero», ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en el fraccionamiento Valle San Pedro Urbi, dentro del municipio de Tecámac. El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes permitieron visibilizar el incidente y desataron la exigencia de detención del presunto agresor por parte de vecinos y activistas animalistas.
De acuerdo con las grabaciones registradas en la Privada Bradano, el agresor pateó al animal mientras este descansaba en la vía pública para posteriormente accionar un arma de fuego en su contra. Tras el primer impacto, el sujeto persiguió al perro y le disparó en dos ocasiones más, causándole la muerte en el lugar.
A través de plataformas digitales, usuarios e internautas señalaron al presunto responsable como Willi Adrián «N», quien supuestamente se desempeña como instructor de tiro en la Universidad Mexiquense de Seguridad y elemento activo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Reportes preliminares indican que el individuo se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
Testigos del sector señalaron a medios locales que el ataque habría ocurrido como reacción a un incidente previo en el que el perro presuntamente mordió a su hijo de 8 años:
- Fuga del sospechoso: Tras la agresión armada, el sujeto se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.
- Denuncia formal: Vecinos del fraccionamiento interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades para iniciar las acciones legales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Ayuntamiento de Tecámac abrieron carpetas de investigación para esclarecer el caso, dar con la ubicación del implicado y deslindar responsabilidades penales e institucionales.
En el Estado de México, el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal. Quien provoque lesiones dolosas o la muerte a un animal de compañía se enfrenta a penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión, además de multas económicas equivalentes a entre 150 y 300 días de salario mínimo.
Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar estos casos ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) o directamente en las agencias del Ministerio Público de la FGJEM.
Con información de Heraldo
