La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la iniciativa dictaminada en materia de Nacionalidad Única propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La medida establece que para competir por la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, los aspirantes deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
La reforma contempla modificaciones y adiciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulando los requisitos de elegibilidad para la titularidad de los Poderes Ejecutivos a nivel federal y local.
El dictamen estipula que los ciudadanos interesados en optar a dichos cargos ejecutivos deberán ser mexicanos por nacimiento y, en caso de poseer una segunda nacionalidad, tendrán que formalizar su renuncia a esta antes de solicitar su registro como candidatos oficiales.
Asimismo, el marco regulatorio aprobado impone prohibiciones estrictas para quien asuma cualquiera de estos puestos de representación:
- Incompatibilidad diplomática: El titular del cargo no podrá adquirir otra nacionalidad durante su gestión, invocar la protección diplomática de un gobierno extranjero ni emplear pasaportes emitidos por otros países.
- Derechos políticos: Queda prohibido el ejercicio de derechos o filiaciones políticas frente a Estados extranjeros mientras se desempeñe en la función pública.
Durante la fundamentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy Rangel, defendió la iniciativa bajo el argumento de la protección de la soberanía nacional y la neutralidad política de los gobernantes.
«El objetivo del dictamen es asegurar que toda persona que ejerza dicha titularidad no se vea influenciada ni inclinada a salvaguardar y proteger intereses provenientes de una segunda nacionalidad o de entes extranjeros», afirmó Godoy Rangel durante el debate en el pleno.
El legislador enfatizó que la enmienda no altera los derechos de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero ni modifica el artículo 32 de la Carta Magna, manteniendo intacta la figura de la doble nacionalidad para la población general que no aspire a la titularidad de los poderes ejecutivos.
Con información de Heraldo
