¿Qué cambió en el estado de dos árboles de más de 80 años para que ahora se plantee su retiro, si anteriormente un especialista había advertido que reubicarlos podía provocarles la muerte? Esta es una de las preguntas que habitantes de la colonia Zazil-Ha, en Playa del Carmen, exigen responder antes de que se concrete la intervención de los ejemplares ubicados en la calle 5 Bis, entre las calles 38 y 40.
David Chávez, vecino que ha documentado el caso, señaló que el ingeniero Rafael Reynoso, delegado en el sureste de la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), sostuvo en un dictamen elaborado hace más de año y medio que los árboles estaban sanos. Sin embargo, afirma que el especialista modificó posteriormente su postura para considerar una intervención bajo el argumento de un posible riesgo.
La controversia no se limita al cambio de criterio técnico. Los vecinos también cuestionan el papel de Protección Civil, dependencia que, según el denunciante, avaló la existencia de un riesgo. Chávez sostiene que hay contradicciones en los argumentos relacionados con la cercanía del arbolado al cableado eléctrico y exige conocer qué evaluaciones respaldan la decisión. La pregunta de fondo es si existe un peligro comprobado que justifique intervenir los ejemplares y cuáles son las alternativas para evitar su retiro.
El caso también está ligado a un proyecto de condominios atribuido a Grupo Icasa, en un predio donde existe un cenote. Chávez considera que la intervención del arbolado favorecería el desarrollo inmobiliario y afirma que anteriormente la Dirección de Normatividad no habían autorizado la tala o remoción. Según su versión, más de mil residentes firmaron en contra del proyecto.
Ahora, denuncia que se autorizó el corte de ramas y una reubicación que podría ejecutarse en cinco días, sin que se le hayan mostrado de manera transparente los permisos que la respaldan. También advierte sobre el riesgo de que los árboles no sobrevivan al trasplante y cita como antecedente las ceibas reubicadas junto a Chedraui Selecto, sobre la Décima Avenida.
Chávez asegura que desde 2025 cuenta con documentación sobre el caso y que incluso llevó el expediente a la Presidencia de la República, desde donde fue turnado al Gobierno de Quintana Roo. Ante la nueva intervención, exige que las autoridades expliquen el cambio en el dictamen, exhiban las autorizaciones y aclaren por qué un procedimiento que antes no prosperó ahora podría ejecutarse.
Por ahora, las denuncias sobre el proyecto y las decisiones de las autoridades corresponden a la versión del vecino. La falta de claridad que señala plantea una exigencia concreta: que se conozcan los argumentos técnicos y legales antes de intervenir árboles cuya permanencia reclaman los habitantes de la zona.
