CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió este jueves contra la reciente acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual vincula al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios con el narcotráfico. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la solidez del expediente y calificó las imputaciones como un intento de injerencia extranjera.
La titular del Ejecutivo mostró el documento enviado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señalando que los elementos presentados carecen de rigor jurídico bajo los estándares mexicanos. «Conocimos pruebas de pruebas, no es nada más un dicho de una persona; tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana», sostuvo Sheinbaum, refiriéndose a las listas contenidas en lo que describió como «simples hojas de papel».
La presidenta enfatizó que, bajo el sistema penal acusatorio actual, no se puede girar una orden de aprehensión sin evidencias sólidas que respalden los relatos escritos en la denominada «acusación de reemplazo».
Sheinbaum Pardo fue enfática al declarar que su administración no encubrirá a nadie que haya cometido un ilícito, pero advirtió que no aceptará acusaciones sin sustento claro.
“Nosotros no vamos a encubrir a quien haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Asimismo, confirmó que, hasta el momento, la Embajada de Estados Unidos solo ha solicitado la detención con fines de extradición del gobernador y otros implicados, sin que existan informes sobre otros políticos involucrados en la lista.
Al cierre de su intervención, la mandataria lanzó un fuerte mensaje en defensa de la autonomía nacional, asegurando que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos de competencia exclusiva del pueblo de México. “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, concluyó, reafirmando que la relación bilateral no debe vulnerar la independencia del sistema judicial mexicano.
Con información de Heraldo
