En un giro significativo dentro de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron hoy a la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, quien presidió el Poder Judicial de Guerrero en septiembre de 2014, fecha de los trágicos sucesos.
La detención se produjo alrededor de las 08:00 horas en la colonia Ruffo Figueroa de la capital guerrerense, cuando elementos de la Comisión Nacional contra el Secuestro (Conase) implementaron un operativo en el domicilio de la exfuncionaria judicial.
Galeana Marín, de 79 años, es señalada como la responsable de la destrucción de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Estas grabaciones son consideradas cruciales para esclarecer los hechos ocurridos en la salida sur de Iguala, donde los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecieron.
Durante más de una década, los padres de los 43 normalistas, sus representantes legales y diversas organizaciones sociales han exigido la presentación de estos videos, que se presume contienen información vital sobre el momento en que los jóvenes fueron interceptados.
Según un comunicado emitido por las autoridades, la detención de Galeana Marín se llevó a cabo por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público.
Representantes y abogados del colectivo «Nos Faltan 43» han manifestado que las cámaras del Palacio de Justicia habrían registrado el instante en que policías preventivos de Iguala, en colaboración con presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos (GU), interceptaron un autobús de pasajeros en el que viajaban los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa mientras intentaban huir del ataque armado.
El operativo de detención fue discutido previamente en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, un espacio donde las corporaciones de los tres niveles de gobierno intercambian información y toman decisiones estratégicas en materia de seguridad.
Esta detención representa un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes han mantenido una lucha constante por el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. La presunta destrucción de evidencia clave por parte de una alta funcionaria del sistema judicial subraya la complejidad y las posibles obstrucciones que ha enfrentado la investigación a lo largo de los años. Se espera que este arresto arroje nueva luz sobre los acontecimientos de aquella fatídica noche en Iguala.
Con información de Milenio
