El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto ejecutivo orientado a frenar las operaciones del denominado «turismo de nacimiento», una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a territorio estadounidense para dar a luz y asegurar la ciudadanía automática para sus hijos.
El anuncio se produce un mes después de que la Corte Suprema anulara una orden previa que buscaba suprimir el derecho de suelo (jus soli) para descendientes de inmigrantes en situación irregular. No obstante, el mandatario estadounidense sostuvo que esta nueva norma no contraviene el fallo judicial, calificándola como un «ajuste» enfocado en desarticular redes organizadas.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Despacho Oval, el presidente justificó la medida al señalar la existencia de estructuras comerciales dedicadas a facilitar este tipo de viajes de manera sistemática.
«Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento», declaró el mandatario.
La directiva presidencial articula su estrategia a través de dos mecanismos de control consular y migratorio:
- Restricción de elegibilidad: Limita el perfil de las personas que pueden acceder a la ciudadanía por nacimiento en supuestos específicos.
- Denegación de visados: Endurece los criterios de evaluación para los solicitantes de visa de visitante, autorizando a los funcionarios consulares a denegar el visado a padres u organizadores si existen sospechas de que el viaje tiene como objetivo principal el parto dentro de Estados Unidos.
El debate en torno a la medida pone en el centro de la discusión la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ratificada tras la Guerra de Secesión para garantizar los derechos de los antiguos esclavos, esta enmienda consagra el derecho de ciudadanía a casi toda persona nacida en suelo nacional, doctrina que fue revalidada en el reciente fallo del Tribunal Supremo.
Aunque la legislación estadounidense vigente ya faculta a los oficiales consulares para negar el visado si presumen intenciones de dar a luz en el país, analistas y críticos del sistema advierten que el principal desafío operativo radica en las gestantes que ingresan con visados turísticos previamente aprobados, eludiendo los controles de origen.
Con información de Heraldo
