Un juez federal emitió una orden de captura contra el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de la franquicia internacional Miss Universo, por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.
La orden fue librada el pasado 15 de diciembre por Octavio Alarcón Terrón, juez de control en el Estado de Querétaro, tras determinar que existen elementos suficientes para presumir que Rocha Cantú desempeña funciones directivas dentro de una organización delictiva.
De acuerdo con documentos de la causa penal 495/2025 a los que se tuvo acceso, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió revocar el «criterio de oportunidad» que anteriormente se le había otorgado al empresario durante la gestión de Alejandro Gertz Manero.
La solicitud de aprehensión fue impulsada por la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FEMDO, señalando a Rocha Cantú como una pieza clave en el financiamiento de actividades ilícitas.
La investigación detalla un sofisticado esquema de tráfico de combustible procedente de Estados Unidos y Guatemala. Según el mandamiento judicial, el rol de Rocha Cantú consistía en:
- Inyección de Capital: Financiar la importación ilegal de hidrocarburos.
- Comercialización: Utilizar sus propias estaciones de servicio (gasolineras) para vender el combustible ilícito al consumidor final.
- Red de Información: El empresario habría pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León, alias “El Lic” (recientemente detenido), quien funcionaba como intermediario para obtener información privilegiada desde el interior de la FEMDO.
La orden judicial también vincula a otros actores operativos en la red:
- Daniel Roldán Morales, alias “El Inge”: Presunto encargado de transferir las ganancias de la venta de combustible a Rocha Cantú y proveer a las gasolineras del grupo.
- Sergio Hurtado Perea: Socio del empresario en la compra de acciones de la empresa “FERROPOLYMERS”, sitio que, según informes policiales de la SSPC, es utilizado para el almacenamiento y distribución del hidrocarburo obtenido ilegalmente.
Los informes de inteligencia SSPC/CONASE, fechados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, sustentan la acusación al documentar eventos donde se advierte la comercialización de los recursos ilícitos a través de la infraestructura empresarial de Rocha.
Hasta el momento, la defensa del empresario no ha emitido una postura oficial ante el mandamiento judicial que lo coloca como prófugo de la justicia.
Con información de Milenio
