Ciudad de México.— El Gobierno de México presentó una iniciativa para modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con el objetivo de actualizar el marco jurídico ambiental y fortalecer la protección de los ecosistemas, las comunidades y las personas defensoras del territorio.
La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena.
La iniciativa busca renovar una legislación vigente desde 1988 e incorporar herramientas para atender problemáticas que han adquirido mayor relevancia durante las últimas décadas, entre ellas la restauración ecológica, la contaminación, el cambio climático y la gestión de residuos.
Uno de los principales planteamientos consiste en establecer obligaciones más claras para la restauración de ecosistemas afectados y la remediación de sitios contaminados.
El proyecto también incorpora principios como el de precaución y el denominado in dubio pro natura, mediante el cual, ante escenarios de incertidumbre científica sobre posibles daños ambientales, las autoridades deberían privilegiar la protección de los ecosistemas.
Otro de los elementos contemplados es el reconocimiento del patrimonio biocultural y de los conocimientos de comunidades indígenas como parte de la elaboración de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.
Evaluación integral para grandes proyectos
La propuesta plantea modificar la manera en que se analizan los proyectos de gran escala. En particular, contempla que los macroproyectos sean evaluados de manera integral, considerando sus efectos acumulativos y regionales.
Para ello se plantea utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica, con la finalidad de evitar que grandes obras sean analizadas únicamente por partes y sin considerar el impacto conjunto que pueden generar sobre un territorio.
La reforma también establecería criterios más estrictos para empresas y desarrolladores en materia de economía circular, remediación de daños ambientales y evaluación de alternativas con menor impacto.
Protección para defensores del territorio
Entre los puntos que destacan de la iniciativa se encuentra la creación de mecanismos específicos de protección y salvaguarda para quienes defienden los recursos naturales, particularmente en regiones donde existen conflictos ambientales.
El proyecto también propone fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectar directamente su entorno.
De esta manera, pueblos indígenas y poblaciones ubicadas en zonas de conflicto ambiental tendrían un papel más relevante en los procesos de decisión relacionados con proyectos que puedan modificar sus territorios.
La reforma todavía debe ser discutida por el Congreso
La presentación de la iniciativa no significa que las nuevas disposiciones ya estén vigentes. El proyecto deberá ser turnado a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, donde será analizado, discutido y, en su caso, modificado.
Posteriormente tendría que ser votado por el pleno y enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo. Las comisiones de ambas cámaras podrán modificar, agregar o eliminar disposiciones antes de una eventual aprobación.
Por ello, los cambios propuestos todavía no constituyen una nueva legislación ambiental. Su entrada en vigor dependerá de que el Congreso apruebe la reforma y de su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
