El boxeador Julio César Chávez Jr. no se presentó este lunes a una audiencia programada en Los Ángeles, dejando a su abogado, Michael Goldstein, sin conocer su actual paradero, ni si aún se encuentra en Estados Unidos.
En declaraciones a USA Today, Goldstein reveló que la última información que tenía sobre su cliente era que se encontraba bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Hidalgo, Texas, hace apenas dos días. Sin embargo, su nombre no aparece en el localizador en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), lo que añade misterio a su situación.
La audiencia de este lunes estaba relacionada con un arresto en enero de 2024 en Los Ángeles por cargos de posesión de armas.
El pasado jueves, Chávez Jr., de 39 años, fue detenido en Estados Unidos y se espera su deportación a México. Esta detención se produjo poco después de su derrota en una pelea contra Jake Paul en Anaheim (EE. UU.) el sábado anterior.
El Gobierno estadounidense acusa a Chávez Jr. de tener nexos con el Cartel de Sinaloa y de no contar con la documentación migratoria necesaria para residir legalmente en el país.
El boxeador había ingresado legalmente a EE. UU. en agosto de 2023 con una visa válida hasta febrero de 2024. Dos meses después, solicitó la residencia permanente, la cual le fue denegada. A pesar de haber sido declarado en diciembre de 2024 como una «grave amenaza para la seguridad pública», las autoridades estadounidenses no lo arrestaron en ese momento, considerando su caso como no prioritario.
Sin embargo, debido a «múltiples declaraciones fraudulentas» en su solicitud de residencia permanente, se inició un proceso que culminará con su deportación a México.
El viernes, el periódico mexicano Reforma informó haber tenido acceso a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, en la cual Chávez Jr. es descrito como un «esbirro» de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias «El Nini», presunto líder del Cartel de Sinaloa. Según la investigación, «El Nini» supuestamente le ordenaba al boxeador golpear a subordinados que cometían errores que pudieran comprometer al cártel.
La acusación de la fiscalía se fundamenta en dos llamadas telefónicas de supuestos narcotraficantes y en registros migratorios compartidos por Estados Unidos, además de una detención previa por conducir bajo los efectos del alcohol.
Con información de López Dóriga
